Río Paraná: cómo afecta la falta de regulación ambiental en los recursos naturales
Los incendios en la zona del Delta y la baja en el caudal dan cuenta de la crítica situación. Por qué son necesarias normas para la protección ambiental y que se reglamenten a tiempo.
La sobreexplotación de recursos naturales, sobre todo de aquellos no renovables, está creciendo a gran escala por lo que cada día que pasa nuestro ecosistema se ve más afectado. De tal manera que se manifiesta con altas temperaturas, prolongación de incendios, ausencia de caudales de agua en los ríos, contaminación del aire, extinción de flora y fauna, entre otros. ¿Cómo se relaciona esta situación con la disminución del agua en el Delta del Paraná?
El Río Paraná abarca una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados que van desde su nacimiento en Brasil hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Desde 2020 que las provincias argentinas por las que transita este fluente se vieron perjudicadas ante la notable disminución en el caudal. A la vez, aumentaron los incendios en la zona del Delta donde se perdieron 173.816 hectáreas de áreas protegidas naturales, es decir un 52% de la superficie total.
La magnitud de las catástrofes en esta región generaron la mortalidad de animales, pérdida del hábitat, empobrecimiento de los suelos, contaminación del agua y del aire. El Auditor.info se comunicó con Ana Di Pangracio, directora Ejecutiva de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Julián Monkes, ambientólogo con doctorado en Conservación y Sustentabilidad del CONICET, para conversar sobre la importancia del cuidado y control de los recursos.
“Hay un desmanejo del fuego”
El fuego en el Delta del Paraná no es natural, como sí sucede en otros territorios del país. En la zona media del Delta, donde se concentran los incendios hay “un proceso de territorialización de hace muchos años, que significa avanzar sobre el humedal, levantar el terreno para sistematizar con maquinaria y poder producir sobre todo ganadería”, afirmó Monkes. El especialista explicó que “lo que se busca con los incendios es la renovación de la pastura para fomentar el rebrote y que el ganado pueda alimentarse mejor, o bien un avance directo sobre nuevos territorios”.
Monkes sostuvo que “hay un desmanejo del fuego que es un verdadero problema” ya que la gente prende fogatas como si estuviera en un contexto cualquiera, pero al atravesar varios años de sequía profunda y de la bajante más grande de la historia como fue la del Río Paraná, debería regularizarse la actividad.
En este sentido, Di Pangracio agregó que no se pueden tomar medidas sin tener en cuenta tanto la crisis social y ambiental, como la cuestión climática, que está en constante cambio, sobre todo por la intervención humana. La directora de FARN explicó que en la zona no es necesaria la quema de tierras para renovar la pastura porque “hay suficiente agua y forrajeras para tener ganado, pero bajo ciertas condiciones, cierta cantidad de animales por hectáreas” y especificó que “la quema debería ser sumamente excepcional, por ejemplo si es necesario deshacerse de materia orgánica que pudiera haberse acumulado y sea riesgosa”.
“La quema de pastizales debería ser sumamente excepcional”, puntualizó Ana Di Pangracio.
Además, esas quemas deben hacerse con un estricto control de las autoridades de manejo del fuego. Para Monkes, bajo las actuales condiciones climáticas, los fuegos se desmadran y “al no haber avisado al Sistema de Manejo del Fuego, como indica la Ley, las autoridades no pueden actuar con premura”.
Por estos motivos, Di Pangracio aseguró que el uso responsable del terreno en el Delta del Paraná requiere que se detengan las quemas fomentadas por la producción ganadera y enfatiza que “el hecho de que se hagan hace decenas de años no quiere decir que estén bien”.
Ley General de Ambiente
En 2002 se sancionó en nuestro país la Ley General de Ambiente. Se trata de una norma básica que apunta a lograr una adecuada gestión, preservación y protección de la biodiversidad y la implementación de un desarrollo sustentable. Para que efectivamente se cumpla, es necesario promulgar una serie de leyes que dependan de ella, que regulen cómo se ordenan los territorios del país en función de sus características ambientales, dispongan herramientas y métodos de evaluación del impacto ambiental, establezcan sistemas de control sobre las actividades humanas y promuevan planes de educación ambiental y acceso a información respecto de este, así como la participación ciudadana.
En referencia al ordenamiento ambiental, otro aspecto que se encuentra en agenda, Di Pangracio comentó que se promulgaron algunas normas como la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, pero "ambas poseen claras limitaciones a la hora de su implementación".
Ley de Humedales
El territorio del Delta del Paraná está compuesto por humedales que no se encuentran regulados bajo un ordenamiento propio. Después de 10 años de la presentación del proyecto inicial en el Congreso, el 11 de noviembre de 2022 se dictaminaron en el anexo dos proyectos de ley de humedales, el de mayoría impulsado por la oposición y el de minoría oficialista.
En lo que va del año, todavía no se fijó una fecha para que alguno de las iniciativas sea tratada en el recinto. Los dictámenes tienen estado parlamentario durante todo 2023 y, si bien todavía no se ha fijado una fecha para poder ser tratados en el recinto, se espera que lo hagan antes de diciembre.
En la actualidad no hay ninguna legislación nacional que regule los territorios considerados como humedales. Argentina adhiere a la Comisión Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional de 1971, que provee una definición preliminar de estos territorios. Sin embargo, para Monkes esta definición es insuficiente porque “los humedales son territorios muy variados y esa definición es meramente enumerativa”.
Como señala Di Pangracio, “tenemos gran diversidad de humedales, que también tienen distintas realidades y enfrentan diversas amenazas, con lo cual la ley tiene que ser lo suficientemente amplia e integral para poder abordar toda esa diversidad”. En este sentido, el proyecto consensuado “construyó una definición en 2016 y 2017 con investigadores de Argentina, que permite una mejor gestión de esos ecosistemas”, explicó Monkes.
Cabe destacar que esta legislación en sí misma no regularía herramientas para prevenir ni apagar incendios estrictamente, pero permitiría ordenar el territorio en función de sus condiciones y de las actividades que se realicen allí, así como de las posibles problemáticas que pudieran emerger. “Eso facilitaría que el Estado esté más atento, más pendiente de cada producción y qué impacto puede tener esa producción en particular. Entonces no tenemos que andar revisando el sistema de manejo del fuego en todo el Delta, que es un territorio gigante e inmanejable, podemos revisar parches más pequeños”, apunta Monkes.
De esta manera, el propósito principal de la ley es realizar un inventario sobre esos territorios a partir de una definición más acabada de los humedales. Sin embargo, esto plantea un punto de debate, porque los detractores del proyecto consensuado proponen identificar las zonas de humedales con tres colores: rojo para las de mayor riesgo, amarillo para las intermedias, donde se permitan actividades en determinadas condiciones, y verde para aquellas en las que se podría llevar adelante casi cualquier actividad.
En cambio, según Monkes, el proyecto consensuado es más ambicioso, porque plantea “agarrar toda la provincia y ordenarla según sus diferentes producciones y actividades, teniendo en consideración los humedales. Entonces, el ordenamiento ya no es por humedal, sino de la provincia”.
Por otro lado, hay una discusión respecto de quién debería realizar ese inventario. Basándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que indica que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, las autoridades provinciales sostienen que tienen que hacerlo ellos mismos. No obstante, el especialista en ciencias ambientales considera que “la realización de un inventario no comprende de ninguna manera la gestión de los recursos, por lo que no implicaría un avasallamiento a sus gobiernos”.
“El inventario se puede realizar provincialmente con una coordinación nacional”, enfatizó Julián Monkes.
Según Monkes, debería trabajarse de forma conjunta. “El inventario se puede hacer a nivel provincial con una coordinación nacional que haga que esos humedales que están en límites interjurisdiccionales se pueden inventariar de forma conjunta. Sino cada provincia va a hacer lo suyo y marcar como quiere su lado de la frontera”, indicó .
Por lo demás, quienes se oponen al proyecto consensuado afirman que es prohibitivo y que atenta contra la producción. Lejos de ello, el ambientólogo aclaró que la norma plantea el deber de realizar una evaluación de impacto ambiental antes de avanzar en una producción nueva o ampliar la existente. “El derecho ambiental es al revés del derecho penal. Vos tenés que demostrar tu inocencia", puntualizó Monkes.
“Los primeros en rechazar medidas ambientales son los que tienen responsabilidad de gestión”, expuso Monkes. Asimismo, aseguró que las autoridades provinciales tienen actividades productivas en territorios de humedales, pero ”prefieren mantenerlos sin control para poder recibir inversiones".
Control
La Auditoría General de la Nación (AGN) indicó que Argentina no cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático de largo plazo, que incluya las medidas de mitigación y adaptación para atender las necesidades nacionales.
En un relevamiento realizado entre 2017 y 2019 encontró que la mayor parte de las medidas se destinaron a la mitigación, retrasándose las de adaptación que “son fundamentales para evitar las consecuencias del cambio climático en nuestro país”, subrayaron.
En 2021, la Auditoría General de la Nación (AGN) observó dificultades para implementar la Ley de Bosques, señalando la falta de reglamentación de metas e indicadores de la normativa como una de las razones. Además, el organismo relevó que 16 provincias tienen sus ordenamientos territoriales desactualizados.
Por otro lado, detectó incongruencias normativas en varias jurisdicciones. Asimismo, observaron la falta de actualización del inventario y alertaron por la tendencia creciente en la pérdida de bosques nativos. Este no fue el único informe en la materia, ya que regularmente, la AGN controla estos recursos.
Asimismo, la AGN concluyó que hubo un “escaso cumplimiento” del Programa de Acción Nacional (PAN) contra la desertificación. El proyecto es llevado a cabo por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo que se analizó fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la Meta 15.3 de la Agenda 2030.
El país asumió compromisos internacionales en la lucha contra la desertificación, entre ellos, el de generar información sobre el estado de degradación de las tierras en diversas escalas y el monitoreo de la sequía, pero según el informe, el cuidado de los recursos naturales no está siendo acompañado con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.