El 40% de la superficie continental argentina se encuentra bajo condiciones de desertificación
La Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre el Programa de Acción Nacional para evitar la degradación de los suelos. Señaló el escaso cumplimiento de los objetivos y la falta de financiación para llevarlos a cabo.
Un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) contra la desertificación, señaló el “escaso cumplimiento” de las gestiones de cuidado del medio ambiente. El proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en esta oportunidad, el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
De acuerdo a la auditoría, se encontraron “graves falencias” para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra. El país asumió compromisos internacionales en la lucha contra la desertificación, entre ellos, el de generar información sobre el estado de degradación de las tierras en diversas escalas y el monitoreo de la sequía pero, según el informe, no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
El programa consta de cinco áreas: Educación y concientización; Definición de recursos financieros; Marco de políticas y articulación institucional; Ciencia, tecnología y conocimientos; y Fortalecimiento de capacidades para la implementación en el territorio. Desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, fueron analizados los últimos tres ejes.
Falta de recursos, económicos y humanos
El primero de los aspectos auditados fue el grado de avance obtenido en la adecuación del marco legal e institucional, conforme al componente 2 del PAN (Marco de políticas y articulación institucional). El informe detalla que en este período la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales (SPARN) “no impulsó nueva normativa sobre suelos y desertificación”. Se esperaba que lo hiciera, principalmente, para la definición de presupuestos mínimos para estos fines ya que la carencia de una ley en este sentido significa una falta grave.
Con respecto al marco institucional, la AGN definió que la gestión tiene presupuesto y recursos humanos insuficientes para la efectiva implementación del programa.
El efecto que causa en el ambiente el aumento de la desertificación, la sequía y la degradación de la tierra trasciende las zonas directamente afectadas.
Es importante resaltar que el efecto que causa en el ambiente el aumento de la desertificación, la sequía y la degradación de la tierra trasciende las zonas directamente afectadas. La lucha contra la desertificación proporciona múltiples beneficios a escala local, nacional y mundial: contribuye a mitigar la pérdida de la biodiversidad, combate el cambio climático global y mejora la calidad de vida de la población favoreciendo la seguridad alimentaria.
Es por esto que el segundo de los aspectos auditados fue la implementación y seguimiento de un sistema nacional de monitoreo y evaluación de la desertificación, degradación de tierras, sequía y neutralidad de degradación de la tierra. Dentro de este eje, se constató la expansión de los sitios piloto, que se utilizan para observación, aunque no todos funcionan de manera integral. Algunos, denominados “adherentes”, no realizan la totalidad de las actividades de monitoreo “debido a la falta de fondos y recursos humanos especializados para realizar sus tareas.”
El informe también detalla que la medición de indicadores no pudo ser con la frecuencia correcta debido a la falta de financiamiento, y que tampoco existió el presupuesto necesario para la renovación de insumos y análisis de muestras de suelo y agua en la mayoría de los sitios piloto.
Los efectos de la pandemia
Entre los factores ajenos al programa, la situación del ASPO por COVID-19 obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.
Por otra parte, al examinar la eficacia y efectividad en la implementación de medidas de adaptación en agroecosistemas productivos, tal como dictamina el componente 4 del PAN, la AGN definió que las intervenciones realizadas no son representativas de las necesidades y problemáticas de las ecorregiones, y esto se debe a que, ante la ausencia de financiamiento propio, el Ministerio define sus acciones de acuerdo a la disponibilidad de fondos de subvención internacional. No se tienen en cuenta, de esta forma, las prioridades surgidas del sistema de diagnóstico, de la información producida por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación ni de los requerimientos de las ecorregiones.
Un problema que avanza
Si bien hace tiempo que Argentina requiere instalar en su agenda la necesidad de contar con un marco normativo que ordene ambientalmente el territorio, propicie las buenas prácticas agronómicas y recupere los suelos degradados, la auditoría expone que los objetivos pautados para estos fines no están siendo llevados a cabo.
La desertificación avanza a razón de 650.000 hectáreas por año generando importantes pérdidas económicas y sociales.
El PAN adquiere trascendencia y prioridad dado que el 30% de la población del país habita tierras secas o zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y genera aproximadamente el 50% del producto bruto interno derivado de la actividad agropecuaria. La desertificación avanza a razón de 650.000 hectáreas por año generando importantes pérdidas económicas y sociales, ya que las tierras secas con procesos de desertificación aportan cerca del 40% de la producción agrícola y el 47% de la ganadera. La ausencia de un marco jurídico adecuado hace que la resolución de los problemas que se generan se vea cada vez más lejana.
