El presupuesto público es el pilar del armado de estrategias y la planificación de la gestión. Por lo que su integridad, credibilidad y apertura son fundamentales para que el proceso sea eficaz y democrático. Según la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021, Argentina ocupa el lugar 52 del ranking de 120 países analizados de todo el mundo. El año pasado había ocupado el puesto 38. El retroceso se debe a que se presentó menos documentación que en la ocasión anterior. 

Se analizan más de 200 indicadores nucleados en tres ejes: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana y el rol de los organismos de control.

La Encuesta de Presupuesto Abierto es desarrollada por el International Budget Partnership (Alianza Internacional por el Presupuesto). Es un estudio que se realiza desde 2006 en 120 países con el fin de promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Es la única evaluación comparativa e independiente de este tipo en el mundo y para llevarla a cabo se utilizan más de 200 indicadores nucleados en tres ejes: Transparencia y acceso a la información presupuestaria, Participación en el proceso presupuestario, y el Rol de las instituciones de control o vigilancia. 

Con respecto a Transparencia y acceso a la información presupuestaria, el país pasó de un puntaje de 58 a 50 sobre 100. En el informe se detalla que el descenso se debe a que el país disminuyó la disponibilidad de información presupuestaria brindada en la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo donde se detallan las fuentes de ingresos, las asignaciones a los ministerios, los cambios de política propuestos y otros datos importantes para comprender la situación fiscal del país. 

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entidad evaluadora de la Encuesta, indicaron que en el avance del presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso "no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés", y en el proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores sobre políticas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni se mencionó el sitio de datos abiertos para acceder a información más detallada sobre las clasificaciones del gasto.

Lo que sí fue valorado positivamente fue el sitio web presupuestoabierto.gob.ar. Allí se puede acceder a datos abiertos que permiten un monitoreo del gasto público y el control ciudadano. Sin embargo, no se realiza una difusión accesible y amplia de estos datos, razón por la cual siguen existiendo grandes desafíos para que la ciudadanía conozca y utilice la información presupuestaria. 

Participación ciudadana, la peor nota

 Argentina apenas alcanzó 15 puntos sobre 100 ya que no hay prácticamente participación pública en el presupuesto.

De los tres ejes analizados, el peor puntaje fue el Participación en el proceso presupuestario. En este sentido, Argentina apenas alcanzó los 15 puntos sobre 100. El informe indica que no existen convocatorias a las comunidades y personas alcanzadas por las políticas públicas en la toma de decisiones presupuestarias. No hay prácticamente participación pública en lo que refiere a la formulación, aprobación e implementación. 

En cuanto a la fiscalización, la Auditoría General de la Nación de Argentina ha establecido mecanismos para que el público ayude en el desarrollo de su programa aunque observaron que debe establecer mecanismos formales para que la ciudadanía pueda contribuir a las investigaciones de auditoría pertinentes.

Este bajo puntaje deja en evidencia un déficit en el país como lo es de la participación ciudadana en la toma de decisiones para que efectivamente se lleve adelante una gestión abierta y democrática. No es una deuda solo de nuestro país, en Latinoamérica ninguna de las naciones analizadas superó con creces la materia y de los 120 del mundo, ocho países cuentan con canales que permiten involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios.

Qué pasa con el control

¿Qué rol cumplen las instituciones de control o vigilancia? En este eje, el Congreso consiguió 42 puntos sobre 100, mientras que la Auditoría General de la Nación obtuvo un puntaje de 78.

El Congreso consiguió 42 puntos sobre 100, mientras que la Auditoría General de la Nación obtuvo un puntaje de 78.

En el caso del Congreso, el bajo puntaje se debe a que aun no hay una sistematización para evaluar la ejecución presupuestaria durante el año. El Legislativo proporciona una supervisión adecuada durante la etapa de planificación del presupuesto pero no supervisa durante la etapa de implementación. 

En cuanto a la AGN, el resultado alcanzado da cuenta de que la supervisión realizada es adecuada. Aunque se observó que para los años posteriores a 2016 (el último informe de auditoría disponible al momento de hacer la Encuesta), no se había publicado el Informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión que debe revisar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

"La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y de participación en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para que el presupuesto logre el impacto necesario en la garantía de los derechos. Sin ellas es muy difícil exigir estrategias efectivas para garantizar políticas eficientes e igualitarias", indicaron desde ACIJ.