Desde hace tiempo la educación argentina está en crisis. El sistema educativo repite viejas fórmulas y métodos de enseñanza ante alumnos que pertenecen a las generaciones Z o Alfa: nativos digitales, con nuevos intereses, otras habilidades y competencias. Mientras tanto, el complejo contexto social, económico y cultural que vivimos aporta más dificultades, que impiden alcanzar el objetivo de garantizar el derecho a la educación de estos niños, niñas y adolescentes.

En los últimos días distintas noticias vinculadas al sector educativo ocuparon las páginas de los medios de prensa y ganaron espacio en la conversación pública a través de las redes sociales: una de ellas fue el anuncio de los resultados de la Prueba APRENDER. Este “operativo de evaluación educativa” fue realizado en noviembre del año pasado, según lo dispuesto a través de la Resolución 432/22 del Consejo Federal de Educación.

La iniciativa tuvo como objetivo indagar sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes argentinos tras el prolongado cierre de escuelas durante la pandemia, a través de una prueba realizada por unos 123.000 alumnos de 3.686 escuelas –aproximadamente un 16% del total para ambas categorías– que conformaron una evaluación “muestral” intermedia, entre el operativo APRENDER de 2021 y el de 2023. Los resultados de 2021 habían arrojado números alarmantes, que reflejaron el impacto causado en los aprendizajes por el aislamiento pandémico y casi un año y medio de establecimientos educativos cerrados.

Los resultados de esta muestra censal mostraron mejoras en los indicadores que se habían obtenido en 2021, evidenciando progresos de aprendizaje en las áreas de lengua y matemática. En el primer caso, el 41% de los que en 2021 habían sido calificados “por debajo del básico” o a nivel “básico” pasaron a niveles satisfactorios en esta evaluación, mientras que para el caso de matemáticas la mejora fue del 6%. 

El ministro Jaime Perczyc presentó los resultados como “mejoras muy importantes y contundentes”, reconociendo el daño que provocó la pandemia en los aprendizajes. Sin embargo, la evaluación deja en evidencia el déficit educativo de nuestro país, ya que todavía persisten números que deben preocuparnos: en lengua un 6,7% de los estudiantes fueron calificados “por debajo del básico” y un 19,2% como “básico”, mientras que en matemática un 19,1% obtuvieron resultados “por debajo del básico” y un 23,2% fueron calificados con “básico”.

Por otra parte, se publicaron los resultados de un informe elaborado conjuntamente por Padres Organizados y la Coalición por la Educación que realiza un seguimiento de los calendarios escolares y los días de clase efectivamente impartidos. Hasta el día 30 de abril, sólo seis provincias habían garantizado las jornadas previstas: entre las provincias restantes los paros docentes, feriados provinciales, cuestiones climáticas y jornadas de capacitación docente dejaron sin clase a miles de alumnos. Los casos más preocupantes son los de La Rioja y Santa Cruz, con 25 días de clase perdidos, o los de Tucumán y Río Negro con 20. Es importante recordar que el Consejo Federal de Educación emitió el año pasado la Resolución 431, en la que estableció “al menos 190 días de clase efectivos” para el calendario escolar 2023. Al ritmo que llevamos la meta estará lejos de cumplirse.

Más allá de todo, queda claro que Argentina sigue teniendo una importante deuda educativa: la mitad de sus alumnos de tercer grado no alcanza las competencias básicas de lecto comprensión, los calendarios escolares no garantizan el mínimo legal previsto y otras problemáticas como la falta de formación docente, sus bajos salarios y una infraestructura escolar deficiente ponen en jaque permanente al derecho a la educación. Es hora de construir un mejor futuro, con más y mejor educación.