En el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo presentó en una Audiencia Pública a los seis candidatos propuestos por los distintos bloques legislativos como referentes parlamentarios según la Ley 26.827 para integrar el Comité de Lucha contra la Tortura.

La normativa, sancionada el 28 de noviembre de 2012, establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Exactamente 5 años después, la Comisión Bicameral tomó la decisión de presentar a los candidatos falta que sean ratificados en el Congreso- que deberán conformar el Comité creado por Ley. Según el artículo 11, la institución deberá estar integrada por seis representantes parlamentarios, un Procurador Penitenciario de la Nación, tres representantes de organizaciones no gubernamentales y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos nacional.

La jornada comenzó con la presentación y lectura de una carta enviada por distintas organizaciones de la Sociedad Civil que se mostraron disconformes por la elección de los candidatos parlamentarios por su falta de trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, además de poner en duda su independencia en relación a los partidos políticos de los cuales provienen. Estas observaciones fueron similares a las destacadas semanas atrás con la designación, por parte de la misma bicameral, de la terna de candidatos para ser Defensor del Pueblo de la Nación.

A la hora de los comentarios por parte de los candidatos, el primero en tomar la palabra fue el senador por el Frente para la Victoria (FPV), Juan Manuel Irrazabal, quien argumentó que "la política tiene que mejorar los lugares de detención e interpretar mejor la y Ley sobre qué es un lugar de detención".

También del FPV, la senadora María Laura Leguizamon les habló directamente a las ONG que enviaron el comunicado: "que las organizaciones de la sociedad civil sepan que están invitadas a sentarse en mi mesa de trabajo como lo vengo haciendo desde 1998", argumentó.

Rocío Alconada Alfonsin, nieta del ex presidente, fue la única candidata apoyada en sus avales por miembros de organismos de control, tales como, el ex presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy y por el actual Auditor General, Alejandro Nieva. "Si bien esta norma es una herramienta elemental, tenemos que estudiar las causas de las torturas para poder erradicarlas para siempre", aseguró en su discurso.

El comité será multidisciplinar, tal es así que el Presidente de la bancada Radical propuso al Diputado e Ingeniero Agrónomo, Alex Ziegler, para el puesto. Más allá de dar explicaciones sobre por qué su candidatura es válida, el legislador hizo hincapié en que "este instituto se concretó recién en 2012 y ahora por una decisión política se hace real a través de la Ley que crea el Comité".

Los últimos dos candidatos que hablaron son los que más trayectoria tienen en materia de Derechos Humanos. El Diputado Jorge D´agostino fue quien más se extendió en su discurso y explicó que se debe "ubicar a la tortura en un lugar formal y material y, luego de hacer un listado de las leyes que refieren a la temática, preguntó: ¿Las normativas que hablan de prevención sirvieron para frenar las torturas?. Tenemos que encontrar la causal para torcer la realidad", concluyó.

Para cerrar, la Diputada Diana Conti, propuesta por el FPV y el PJ, argumentó que está segura que en el trabajo mancomunado con las ONG van a cambiar su visión sobre este Comité, refiriéndose al comunicado con el que se había abierto la jornada. Para finalizar, todos los integrantes de la Bicameral aprobaron las candidaturas que serán enviadas al Congreso.