La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de su Co Director Renzo Lavín, organizó y participó en la mesa de debate denominada Entidades de Fiscalización Superior y su vinculación con la ciudadanía que se desarrolló en la Cumbre de la Alianza para el gobierno Abierto en Londres. El espacio, contó además con la presencia de representantes de organismos de control de diferentes partes del mundo, como Sudáfrica, India, Filipinas y Brasil.

En una entrevista exclusiva con Gestionpublica.info, Renzo Lavín resumió lo acontecido en Londres durante el 31 de octubre y 1 de noviembre y analizó a nivel local el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.

¿Cómo evalúas la participación de Argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto?

Argentina entró hace muy poco y elaboró un plan de acción, junto a nosotros (NdR: ACIJ), otras organizaciones y la Jefatura de Gabinete. El proyecto contiene cosas que ya se venían trabajando, por ejemplo, un portal de datos públicos con información de distintos ministerios. El proceso de Argentina fue muy poco conocido. El tema no está en agenda ni sale en los medios de comunicación, entonces es relativamente débil frente a otros países que ya van por su segundo o tercer plan de acción.

Nosotros tenemos una visión más crítica del proceso local, porque todavía es muy incipiente y no está claro con qué nivel de compromiso va a asumir su participación Argentina. Estamos en una etapa de evaluación de los primeros pasos.

¿Qué puntos se trataron en el panel organizado por ACIJ?

Hace tres años que lideramos una red latinoamericana de fiscalización pública, y llevamos al panel la experiencia latinoamericana sobre la situación de los entes de control y su apertura a la ciudadanía. Hablamos de la transparencia, participación ciudadana en el control público y el nivel de impacto que tienen los informes de auditoría.

¿Cuál es la situación a nivel regional?

Hay un diagnóstico general en Latinoamérica sobre el bajo nivel de seguimiento de las recomendaciones de los órganos en los que las mismas no son vinculantes, como el caso de México o el nuestro. Hay otros países en los que es obligatorio hacer caso y tiene sus consecuencias el no cumplimiento. Chile y Colombia tienen un nivel alto de acatamiento sobre los informes. En Bolivia, por ejemplo, el impacto es muy bajo.

¿En Argentina?

En nuestro país es bajo por cuestiones de diseño institucional. También por desconocimiento de la sociedad y por baja discusión en el parlamento de los informes. En ese sentido, por ejemplo, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas se reúne muy poco.

¿Se planteó algún tipo de solución para resolver esta traba?

Se dijo que los propios organismos de control puedan tomar medidas para abrirse a otros actores de la rendición de cuentas, ya sean organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación u otros órganos de control. Que tengan más vínculos para aumentar el impacto de su trabajo.

En nuestro país está el ejemplo de los trenes. Había informes sobre el mal funcionamiento en la Línea Sarmiento y sobre la falta de aplicación de multas por parte de la CNRT y no pasó nada con eso. Si la Auditoría tuviese más relación con medios de comunicación para que pongan los informes en la agenda pública o si las organizaciones de consumidores y usuarios levantaran los informes, el nivel de impacto tiene más posibilidades de aumentar.

¿Qué es un problema de diseño institucional?

Nuestra Auditoría tiene un problema de base que es el de la independencia del órgano asesor. Son siete auditores que toman las decisiones por mayoría y tiene la mayoría el partido que gobierna, porque predomina también en el Congreso. Entonces mayormente siempre el que gobierna va a tener mayoría en los organismos de control y eso es un problema de diseño.

¿Puede resolverse?

El que gobierna nunca quiere ser controlado y no va a fortalecer a los organismos de control. Entonces las reformas suelen darse en momentos de recambio o cuando un gobierno necesita legitimizarse y adopta medidas de apertura o de fortalecimiento institucional.

Esta es una reforma que no se va a hacer salvo que haya un alto consenso de todas las fuerzas políticas. Porque tanto el controlado como el controlador tienen que estar de acuerdo en tener un órgano independiente de auditoría.