En 2008 el gobierno uruguayo promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento. Pero cinco años después, el secretismo sigue vigente en los documentos que genera el Estado. Es que hay un sector del frente izquierda, partido al que pertenece Pepe Mujica, que piensa que la transparencia es un obstáculo para gobernar, mientras que la oposición defiende la ley, aunque en su momento de gobernanza, no la aprobó.

La situación según la relata el semanario Brecha, de Uruguay, es la siguiente: “Hizo bien la bancada de Senadores del Frente Amplio en retirar de la rendición de cuentas una reforma a la ley de derecho de acceso a la información pública que era regresiva. Pero el episodio dejó al desnudo una inocultable realidad: hay un sector de la izquierda que piensa que la transparencia y el acceso a la información pública son un obstáculo para gobernar”.

El acceso a la información es un derecho que tienen los ciudadanos para saber qué es lo que pasa dentro de los gobiernos. Todos los actores tienen la potestad de adquirir información, ya sea simplemente para informarse o para participar en la toma de decisiones. En este marco, la ley aprobada en 2008 fortalece la democracia y posibilita la participación ciudadana. 

Ahora bien, ¿qué sucede en la práctica? El acceso a la información pública en Uruguay es un derecho que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Pero es la misma ley la que “incomoda” a los políticos quienes “clasifican la información como reservada o confidencial; extienden los plazos para responder; impiden el acceso a la información ambiental, que las convenciones internacionales y la propia Constitución protegen como pública”, afirma el periódico Brecha.

Según el semanario, el Ministerio del Interior, el de Defensa Nacional, los organismos uruguayos dedicados a la defensa, seguridad nacional y seguridad pública, llevan el secreto en sus genes. Un reciente estudio realizado en base a solicitudes de acceso a la información, sostiene que estos órganos estatales clasifican una extensa cantidad de información como “reservada”.

Para Edison Lanza, periodista y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), “hay que definir si las sociedades anónimas del Estado y los emprendimientos público-privados deben seguir fuera de la ley; si las empresas públicas por el solo hecho de estar en competencia pueden actuar en secreto; y sancionar a los que ocultan información; definir los temas vinculados a la diseminación de información tales como: datos abiertos, software libre, propiedad intelectual de la producción creativa impulsada por el Estado”.

Es por todo esto que desde el artículo citado aconsejan “abrir un espacio técnico, con participación de diversos actores (Estado, Parlamento, sociedad civil y academia), para evaluar estos cinco primeros años con ley de acceso a la información y definir cómo seguir caminando hacia un futuro de mayor apertura de datos y menos tensiones en este tema”.