En un año en donde los países que siempre están en la vanguardia de la transparencia perdieron algunos puntos, Argentina creció 10 puestos dentro del ranking sumando 39 puntos sobre 100 posibles.

El CPI (por su sigla en inglés) es un índice que mide la percepción de la corrupción en el sector público. Según la ONG internacional, los países que se encuentran más cerca del número 100 comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. En la otra punta se encuentran las naciones que se identifican con la impunidad generalizada, falta de transparencia, gobernabilidad deficiente e instituciones frágiles.

En el ranking mundial, Nueva Zelanda (89) quedó sola en el primer puesto que venía compartiendo con Dinamarca (88). Ambos dejaron puntos en esta última valoración con respecto a la anterior. En el piso del CPI quedó Somalia con 9 puntos.

Luego de haber crecido en 2016, el año pasado argentina sumó 3 puntos que lo llevaron al puesto 85 sobre 180 posibles. En América también quedó en mitad de tabla: puesto 16 de 31, con Canadá liderando y Venezuela ubicándose en el último escalafón.

La mejoría de nuestro país se debe principalmente a la sanción de leyes como: Acceso a la Información Pública, ley de Colaborador Eficaz (arrepentido) y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Vale aclarar que el CPI no indaga demasiado en el funcionamiento de las normas sino más bien en la entrada en vigencia de las mismas.

Para el próximo año, Transparencia Internacional realizó 5 recomendaciones. Por un lado explicaron que los gobiernos deberían darle más valor a la libertad de expresión, a la independencia de los medios y al disenso político. Por otro, pidieron que dejen a la prensa trabajar sin que las fuerzas de seguridad ejerzan represión sobre ellas.

Por supuesto, le pidieron a los países que avancen con leyes que garanticen la participación ciudadana, el libre acceso a la información pública y, sobre este último punto, solicitaron a los gobiernos que abran más sus archivos a la población.