Una investigación llevada a cabo por tres científicas de la Universidad Nacional de La Plata, determinó que la lluvia en Coronel Suárez cae con partículas de fitosanitarios. Según sus investigaciones, con un enfoque más ambiental que social, la contaminación es tal que el mal clima trae condensado glifosato.

Una de las investigadoras aseguró: Dentro de los estudios que venimos realizando, hemos trabajado en Coronel Suárez, principalmente en lo que es la problemática de agua de lluvia. El resultado es general. Lo que sí vemos es la presencia del producto fitosanitario, aplicados en el suelo en diferentes etapas, a posteriori en diferentes lugares: en el agua de lluvia, en el suelo, explicó y agregó: Por suerte, todavía no en el agua subterránea. Pero con las cantidades que se están aplicando no sabemos si en algún momento no llegaremos a verlo también ahí.

En lo que respecta a la lluvia, indicó que desde que empieza a llover hasta que termina, se recolecta el agua, y desde esa matriz se hacen los posteriores análisis de agroquímicos. Este trabajo estuvo dedicado a herbicidas, más que nada a la presencia de glifosato y su metabolito, metal ampa. En Coronel Suárez se detectó este elemento, así como en el resto de los hitos evaluados, tanto en la provincia de Córdoba, Santa Fe, como aquí, de la provincia de Buenos Aires".

Otro panorama

Mientras esto sucedida en Coronel Suárez, en la provincia de Entre Ríos se dio un fallo histórico: el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el amparo ambiental que prohíbe fumigar con agrotóxicos a 1.000 metros terrestres y 3.000 metros aéreos de las escuelas rurales provinciales y ordenó al gobierno provincial generar una cortina vegetal de 150 metros alrededor de los establecimientos educativos en el plazo de 2 años, lo que impulsará la producción agroecológica.

Según el Tribunal había una omisión estatal respecto de las aplicaciones de agrotóxicos en zonas cercanas a las escuelas rurales y señaló que ante la actividad lícita en el ejercicio de la actividad agropecuaria debe haber un límite de tolerancia, y ese límite lo establece el derecho a la salud y a un ambiente sano, especialmente cuando se trata de la salud de los niños.

SENASA

Hace unos años, la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un lapidario informe en donde se detallaba que en nuestro país se fumigan unas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo se aplican los agrotóxicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La AGN llamó anarquía legislativa a una limitación que tiene el SENASA a la hora de controlar: las 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos abarcan 12 provincias. Por lo que los técnicos cuestionaron y se preguntaron: ¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no de fumigar?.

Si a esto le agregamos que la AGN aseguró que no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada dentro del SENASA, la ausencia de coordinación entre las jurisdicciones vuelve a aparecer como una limitación del organismo.