Los desafíos del bicentenario: seguridad e inclusión social, fue el lema de la segunda jornada de debate sobre violencia institucional que tuvo lugar en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Del encuentro, participaron la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y los diputados del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso y Agustín Rossi.

Al comenzar su discurso, la titular de la cartera de Seguridad señaló que el país atraviesa un cambio de paradigma en materia de seguridad por lo que es preciso garantizar el cambio político en las fuerzas. Por otro lado, remarcó que la seguridad es un derecho de los ciudadanos y debe ser garantizada en el marco de los Derechos Humanos.

La violencia extrema sucede porque hubo controles fundados en el ‘olfato policial’ que siempre acusa al pobre, al joven y al morocho, señaló la ministra. Por su parte, el diputado Grosso se refirió a los objetivos de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional (iniciada el 12 de junio último), y explicó: Buscamos construir una red de control social para tratar de prevenir cualquier hecho de violencia perpetuado por alguna fuerza de seguridad.

El legislador nacional también hizo hincapié en la necesidad de generar una discusión pública y política entorno a la violencia institucional ya que es una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Necesitamos incluir en el pacto social la seguridad democrática porque ningún pibe nace chorro, añadió.

A su termino, el diputado por la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi, señaló que mientras las clases más acomodadas resguardan su seguridad a través del empleo de cámaras de video vigilancia, en los barrios más vulnerables sólo se emplea la violencia.

Cuando las fuerzas de seguridad se autogobiernan, se ven perjudicados los sectores más vulnerables, apuntó Rossi y agregó que la ausencia de una autentica política de seguridad genera violencia institucional.

Sobre violencia institucional

Por violencia institucional se entiende todo hostigamiento, abuso de poder, torturas y detenciones ilegales perpetuadas por la policía o cualquier otra fuerza de seguridad.

En Argentina hubo una cantidad de casos de este tipo. Sin ir más lejos, en julio pasado detuvieron a cinco policías de la localidad de General Güemes (Salta) luego que se revelara un video en el que se los ve torturando a dos jóvenes en el patio de la comisaría.

La ministra Nilda Garré comentó el caso de Fernando Carrera, condenado injustamente por la denominada masacre de Pompeya, quien hoy está en libertad gracias a que la Corte Suprema de Justicia revió el fallo y revocó la sentencia.

A lo largo del encuentro también se recordaron a víctimas de la violencia institucional como Luciano Arruga, quien permanece desaparecido desde enero de 2009 luego de ser detenido por policías de la comisaria de Lomas del Mirador, Miguel Bru, asesinado en 1993 en la comisaría novena de La Plata (hoy el caso sigue impune) y Sebastián Bordón también asesinado por policías de Mendoza en 1997.