Si de acceso a la información pública se trata, Chile es uno de los países más avanzados de la región. Con una normativa en la materia (la Ley Nº 20.285 sancionada en 2008 y promulgada un año más tarde), el país trasandino está entre los 20 países más transparentes del mundo, según el último sondeo de la ONG Transparency International. 

Gestionpublica.info dialogó con Alberto Precht, presidente de la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) y secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, dos órganos dependiente del Poder Ejecutivo, quien destacó que creemos que Chile tiene las condiciones y la fortaleza institucional para estar entre los 10 países mejores del mundo a nivel de transparencia.

Además, señaló que a pesar de recibir por año 94 mil solicitudes de acceso a la información pública en la administración central del Estado, todavía existe un bajo conocimiento de la normativa.

¿Qué medidas va a tomar el gobierno para difundir la Ley?

Según estudios realizados por el Consejo de la Trasparencia (organismo no gubernamental cuyo objetivo es velar por el buen cumplimiento de la Ley de Transparencia y de acceso a la información pública) hay un bajo conocimiento de la normativa, sólo un 11% de los ciudadanos dicen conocerla. Para fomentar su difusión, este año aumentamos el presupuesto del Consejo. Hemos destinado más de un millón de dólares para la construcción de un portal web sobre transparencia.

¿Cómo reaccionó el pueblo chileno ante la Ley de Transparencia sancionada en 2008?

El cambio para el ciudadano ha sido vertiginoso. Esto se puede ver en cifras. El acceso a la información partió muy tímidamente y hoy tenemos al año 94 mil solicitudes sólo en la administración central del Estado. No tenemos una estadística sobre qué cantidad de solicitudes hay en los municipios. Pero claramente en la actualidad vemos que tenemos un ciudadano bastante empoderado, sobre todo en el ejercicio de este derecho. 

¿A qué atribuye el aumento en las solicitudes de acceso a la información pública?

Chile avanzó y tiene un ciudadano más consiente en sus derechos. Tenemos una sociedad más participativa. El acceso a la información ya no es un tema tan de elite. Por otra parte, el gobierno realizó una campaña intensiva para que las personas ejerzan sus derechos incluso cuando eso no le convenga al propio Estado. A nadie le gusta que le reclamen, pero concebimos que los reclamos y el acceso a la información pública le hace muy bien a la administración.

¿Cuáles son las áreas de gobierno que concentran mayores pedidos de información?

Lo más solicitado se refiere a los ministerios sociales y políticos. Además, el ciudadano pide mucha información sobre subsidios y algunos requerimientos tienen que ver también con obras públicas.

Desde que se mide los niveles de transparencia, Chile estuvo siempre bien posicionado en el ranking. Sin embargo, según señaló en un reportaje, entre el 2005 y el 2009 perdió el ritmo de crecimiento y decayó al puesto 25. ¿Qué medidas adoptaron para aumentar estos niveles?

Lo que se hizo en los últimos años fue recuperar posiciones. Esto se dio por un lado porque comenzó a regir la Ley de acceso a la información pública. En la actualidad, estamos en el puesto 20 pero creemos que Chile tiene las condiciones y la fortaleza institucional para estar entre los 10 países mejores del mundo.

Usted se desempeña también como secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia. ¿Cómo articula ambos trabajos?

Muy bien porque este gobierno entiende que el reclamo ciudadano está muy ligado al acceso a la información pública. El presidente (Sebastián Piñera) instruyó que ambas comisiones estén bajo una misma jefatura.

¿Qué relación mantiene con la Contraloría General de la República?

Trabajamos con la Contraloría en el cumplimento de los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

CHILE RECLAMA 

¿Qué evaluación puede hacer sobre del último balance anual que publicó la Comisión Defensora Ciudadana?

El 2012 fue el año más productivo para conocer la opinión ciudadana desde el inicio de la Comisión (2001). La CDC tuvo 19.837 reclamos. Hemos logrado instalar que esto sea algo positivo para el Estado. Entendemos que toda la modernización del gobierno tiene que ser vista a partir de la satisfacción del usuario público.

¿Cómo se efectúan los reclamos?

La persona debe acudir a la oficina de Información, Reclamos y Sugerencias que existe en cualquier área del Estado. Si dentro de los 20 días hábiles esa persona no recibe respuesta, o si esta es insatisfactoria, puede acudir a la CDC.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Una vez hecho el reclamo, tenemos un plazo máximo de cuatro días para asignar un abogado si la situación lo amerita (si es una mera consulta no es necesario). En el caso que la situación sea muy urgente, de inmediato hacemos la gestión vía telefónica ya que tenemos contacto con la jefatura de todos los servicios del Estado y podemos solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se solucione cualquier vulneración.

¿Cuáles son los servicios más devaluados?

Notamos que un 30% de los reclamos que se hacen tienen que ver con las licencias médicas y las prestaciones (por ejemplo operaciones). El resto está divido en los 340 órganos que tiene el gobierno chileno.

La CDC eleva trimestralmente un informe de situación al presidente Sebastián Piñera. ¿Qué respuesta obtienen por parte del Jefe de Estado?

No sólo se lo entregamos al presidente, sino también a todos los parlamentarios (del oficialismo y la oposición) y a todos los jefes de servicio. En este documento se informa acerca de los reclamos que no obtuvieron respuesta. Esto hace que se tomen medidas en mejora de los servicios públicos. Por ejemplo, se mejoraron las condiciones hospitalarias o las esperas médicas. Además, se optimizaron los servicios que entregan las pensiones a los adultos mayores.

TRANSPARENCIA EN AMÉRICA LATINA

¿Cómo evalúa a la región en materia de transparencia y acceso a la información pública?

Cada realidad es distinta. Uno no puede ser juez del gobierno vecino. Nosotros entendemos que cada país tiene su idiosincrasia. En América Latina y África la corrupción está muy interiorizada. Eso nos pone en un gran desafío como continente.

¿Qué vínculos tienen con otros países de la región?

Tenemos una estrecha relación con los países que tienen Ley de acceso a la información pública. Sobre todo con México estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Con Colombia realizamos un intercambio de recursos y software. Si bien Argentina no tiene una normativa de este tipo, asesoramos técnicamente al gobierno de Santa Fe y a la ciudad de Buenos Aires. 

Por último, ¿qué recomendaciones le haría al Estado argentino teniendo en cuenta que todavía no cuenta con una Ley de acceso a la información pública?

En los últimos años Argentina ha tomado conciencia de la importancia del derecho de acceso a la información pública. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de una ONG sobre este tema. (N del R: el entrevistado hace referencia a la causa que inició la Asociación de Derechos Civiles contra el PAMI por negar información). Es importante que este tipo de leyes no se tomen como un ataque al gobierno. La ley de acceso a la información pública tuvo un gran éxito en Chile, pero cada país tiene su modo de organizarse y no existe una forma cien por ciento correcta para avanzar en la lucha contra la corrupción.