El Reino Unido publica sus datos en bruto para cumplir con promesas de transparencia
El Comité que es responsable de la supervisión de gastos del gobierno sostiene que los datos publicados por el Estado están incompletos o mal presentados. Desde el ente se advirtió que pretenden lograr los fines propios de las agendas de transparencia con la publicación de grandes cantidades de datos que no son procesados. Esto impide que la información proporcionada sea realmente pública.
Margaret Hodge, la presidenta del Comité de Cuentas Públicas (Public Accounts Committee – PAC), ente encargado de la supervisión de los gastos del gobierno, señaló que “hay grandes lagunas en la información proporcionada por el Estado para que los usuarios no puedan tomar decisiones”.
En su declaración al periódico británico The Guardian, Margaret Hodge sostuvo que la información gubernamental debe ser “accesible, relevante y comprensible para todos”. Paradójicamente, “los datos están mal presentados y son difíciles de interpretar en algunos sectores”. Un caso significativo es el relacionado a la “atención social de los adultos”. La experta también hace mención a que los gastos del gobierno presentan datos “muy difíciles de interpretar”.
Consecuentemente, el Comité explica que el hecho de que la información sea deficiente o incompleta entorpece la capacidad de los usuarios para tomar decisiones efectivas. No solo eso, sino además, socava la capacidad de los prestadores de servicios y los responsables de políticas públicas a centrarse en la mejora de la calidad.
El PAC advierte, además, que los datos del gobierno y otros organismos públicos están siendo emitidos sin tener una idea clara de los costos, los beneficios y los riesgos de hacerlo. “El gobierno debe desarrollar un análisis exhaustivo de lo que en realidad cuesta conocer la información, los beneficios y riesgos reales”, agregó la presidenta del ente.
Otra de las cuestiones de particular interés para el Comité es que los proveedores privados del Estado pueden esconderse detrás de la "confidencialidad comercial" para bloquear la divulgación de información relevante.
Por último, Margaret Hodge indicó que "los que no tienen acceso a Internet no debe ser olvidados". El Comité de Cuentas Públicas informa que nada menos que 7 millones de personas todavía no usan Internet.