La Relatoría General de Colombia realizó un análisis sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en disolución. En septiembre de 2011 el Presidente de Colombiano, Juan Manuel Santos, “ordenó la supresión y liquidación del Ente por filtrar información y corrupción al no realizar controles efectivos, esto sumado a una inadecuada administración de los bienes y no conservar de forma apropiada la documentación”. Sin embargo, las cosas parecen repetirse en su proceso de liquidación.


Una de las situaciones más alarmantes se detectó en los estados contables elaborados por la Dirección en liquidación. La Relatoría los calificó como “ineficientes” porque “no otorgan confiabilidad”. Esta afirmación se basa en que los auditores observaron “fallas en los sistemas de información, datos contables que no son veraces y falta de integración entre las áreas”, entre otras cuestiones.

Entre las observaciones, se muestran casos que son sumamente llamativos: se descubrió que la Administración de San Andres compró un predio para construir un Centro de Rehabilitación del Menor Infractor. La adquisición no solo fue considerada “innecesaria” porque la entidad tiene varios terrenos, y de mayor extensión, entregados por la DNE, sino porque “se pagaron 725 millones de pesos colombianos cuando el año anterior el vendedor lo había comprado por 69 millones”. Esto generó “un sobrecosto, un daño y un detrimento patrimonial al Estado”, señala el informe. 

Es importante recordar que muchos de los bienes que estaban bajo la órbita de la Dirección fueron incautados en casos relacionados con estupefacientes. En este sentido, se detectó que una Ferretería que incautada, quedando bajo la órbita de la DGE, “es administrada por la misma persona a la que le fue incautado el bien comercial” y que un complejo hotelero, “Cabañas Morgan Bay, es dirigido por una persona ajena a la designada, por lo que es explotado comercialmente sin que la entidad reciba algún recurso económico por ello”.

Bienes y más bienes

Entre los objetivos generales de la Dirección en liquidación se destacan "mantener el posicionamiento del Estado Colombiano como líder contra el problema mundial de las drogas" y "generar información objetiva, actualizada y comparable sobre drogas y actividades delictivas”. No obstante, se evidenciaron “debilidades” en la dirección, planeación, organización control y ejecución de las actividades propias de la liquidación.

Un ejemplo de las debilidades en la planificación es que “no se establecieron las etapas que determinen la administración transitoria de los bienes hasta que sean propiedad del Ministerio de Justicia”. De hecho, el Ente “incumplió con el proceso de entrega definitiva de armamento y municiones a ese Ministerio, así como tampoco se entregaron al de Cultura las Obras de Arte”.

Para analizar el traspaso de bienes de la Dirección al Ministerio, la Contraloría analizó la información “volcada en una hoja de cálculo” y observó que “en cinco meses solo el 5,92% de los registros fueron revisados”. A este paso, la proyección indica que el proceso de liquidación “tomaría cerca de 7 años” lo que constituiría “un proceso oneroso para el Estado”. 

En términos económicos “la Dirección no consolidó el costeo del plan de disolución, por lo que no se puede establecer el valor real”.

Hay una empresa que llamó la atención del organismo de control. Fue Almagrario SA con la que se celebraron varios contratos desde el 2007 por más de 6.000 millones de pesos colombianos y cuyo objeto es “el depósito, guarda, conservación y custodia de los vehículos y motocicletas que son dejados a disposición de la DNE”.  En diversos casos se observó que “el  monto que se le paga a la firma excede notoriamente el valor del bien a guardar”. Pero eso no es todo, “en los contratos no se garantiza la preservación de los bienes”. La Contraloría aseguró que “la administración es ineficaz, ineficiente, antieconómica y que genera la pérdida de los recursos invertidos”. 

Información

Los auditores detectaron que el sistema de FARO, que contiene información de la Dirección de Estupefacientes, "dejó de ser operativo desde el 2011 debido a una falla técnica que impide su actualización". Por eso "los empleados se ven obligados a guardar los datos en sus computadoras personales, sin ningún criterio uniforme de seguridad informática".

A ello se suma que "los inventarios estaban incompletos y que les faltaban datos". Esta situación, a criterio de la Contraloría, "va en contra del principio de confiabilidad".