Este año, la Auditoría General de la Ciudad aprobó un informe de 2016, el último que alcanzó esa condición, el cual mostró la falta de políticas públicas en torno a las recomendaciones realizadas por el organismo de control. En ese informe se remarcó, entre otras cosas, que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) inspeccionó menos vagones de lo que tenía previsto para 2016.

Tan baja es la aplicación de políticas públicas en relación con los informes, que hace un mes este medio publicó un trabajo audiovisual en donde los ciudadanos pueden observar como las recomendaciones no fueron atendidas (ver aquí).

Coletta habló con Infobae y dijo que es fundamental que en este contexto de discusión de la renovación de la concesión, la Auditoría tenga intervención. Los informes sobre subte han sido muy enriquecedores de información y este año 2018, es la primera vez que en la Auditoría no se controla el subte.

Los informes de la AGCBA ya habían sido útiles para defender los intereses de los usuarios y usuarias. Por ejemplo, Facundo Del Gaiso, Auditor General de la Ciudad, en 2016 presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia en donde solicitaba evaluar el tarifario técnico y cobrar una tarifa justa, menor a la que regía en ese momento ($7,50).

El auditor le había explicado a este medio que lo que se solicitaba era retrotraer la tarifa hasta que el gobierno porteño y SBASE puedan realizar una explicación acabada al respecto de la tarifa técnica; ya que al analizar la misma oportunamente mediante el Informe de Auditoria N° 1.13.15 `Ley 4472´ se observó que la empresa concesionaria no mantiene una contabilidad diferenciada entre la concesión del Subte y la del tren, ocasionando una distorsión en los ingresos y egresos de la empresa.

Finalmente la tarifa subió, pero en ese momento los informes de la AGCBA posibilitaron frenar el aumento por un tiempo. La situación política y económica fue la que terminó torciendo el brazo en favor de Metrovías.

En este contexto, sin control programado y con aumentos que se hicieron efectivos y otros previstos, la semana pasada se presentó un proyecto de ley para que se consulte a los ciudadanos de Capital Federal, sobre quién debe administrar el subte. El texto fue realizado por Fabio Basteiro y Claudio Lozano de Unidad Popular y apoyados por los metrodelegados.

En el marco de la licitación en curso para volver a concesionar la operación y administración de la red SUBTE por 15 años, es que se presenta el proyecto de ley que consiste en una consulta mediante referéndum obligatorio y vinculante, con el objeto de volver al modo de operación público, garantizando que los recursos del presupuesto tengan por exclusiva finalidad expandir la red y subsidiar la tarifa del usuario, explicaron.