En noviembre de 2014 Poder Ciudadano, ADC, Directorio Legislativo y ACIJ solicitaron a la Secretaría Administrativa del Congreso de la Nación el detalle de la cantidad de dinero que reciben los bloques de la Cámara Alta. Además, pidieron la escala de remuneraciones y el listado de empleados de la institución, siendo este último el único pedido respondido.

Por eso, las distintas ONGs decidieron recurrir a la justicia y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 indicó, a través de un fallo, que se trata de información de carácter público que no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina. En ese sentido, los jueces señalaron que la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud.

Durante una entrevista en el programa Lado C, de Radio Belgrano, el Co-Director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, analizó que el derecho del acceso a la información pública es una lucha constante. Recurrimos a la justicia para que exista un mayor acceso y porque no encontramos voluntad política ni una cultura de contestar los pedidos, explicó.

Para Secchi, se trata de un problema cultural. Es información que, por una cuestión organizativa, la maneja el Estado, pero que es del ciudadano. Por eso insistimos tanto con una Ley que garantice que los tres poderes brinden información, lanzó el Co-director de Poder Ciudadano.

Respecto a la posibilidad de contar con una normativa de acceso a la información pública, Secchi reveló que este año se creó una subcomisión para unir los proyectos que hay dando vueltas. Todavía no se sabe cual va a ser el órgano de aplicación y administrador de la normativa, aclaró.

Al ser un año electoral, en el cual las cámaras se juntaron poco, se estancó. Pero creemos que es una decisión importantísima del próximo presidente; impulsar desde sus facultades legislativas que el Congreso apruebe esta Ley de acceso a la información pública, describió Secchi y justificó: Es el principal instrumento que tiene la ciudadanía, los periodistas y las organizaciones para controlar la corrupción.

Sobre el pedido efectuado a la Secretaría Administrativa del Congreso, Secchi sostuvo que los bloques no quieren que se conozca el dinero que se les entrega. Esa plata no solo la utilizan para administrar la tara de los legisladores, sino también para hacer política, aventuró el especialista y de manera contundente afirmó que la información que no se entrega es por algo.

Tras el fallo del Juzgado, ahora desde el Congreso tienen 15 días para responder el pedido. Sin embargo, se espera la utilización de algún recurso judicial. Suponemos que el Senado va a terminar apelando, reconoció Secchi y concluyó: Si encontramos cosas extrañas o llamativas seguramente hagamos un pequeño informe para presentar a la ciudadanía.