Que las barras bravas son organizaciones delictivas está probado, pero la cadena de responsabilidades llega mucho más lejos. Amílcar Romero, quien con su notable investigación reunida en el libro Muerte en la cancha (1986) fue pionero en el tema de la violencia en el fútbol -cuyas víctimas fatales alcanzan hoy la escalofriante cifra de 271 hinchas-, sugiere hablar de violencia del fútbol. No se trata de una apreciación caprichosa, antes al contrario responde a un argumento sólido. Según el veterano periodista, fueron los propios dirigentes del fútbol los que introdujeron a las barras bravas, allá por la década del 60´, cuando se instaló la idea del fútbol espectáculo y se creyó que a través de estos grupos se podían controlar más aspectos del juego. Los padres de la criatura: Alberto J. Armando y Américo Vespucio Liberti, los entonces presidentes de Boca y de River. Desde entonces, los dirigentes, los políticos, y también la policía, han contribuido a su alimentación.  

Esa connivencia arrojó como resultado un crecimiento exponencial, agravado por la potenciación del negocio a partir del ingreso del dinero de la televisión y de las suculentas ventas de futbolistas al mercado externo. Las barras han cambiado sus métodos de convalidación y también su fisonomía. El folclore futbolero está presente, pero esconde detrás un gran negocio, que incluso se defiende con la vida, como le ocurrió al barrabrava de River Gonzalo Acro, emboscado y asesinado por sus ex compañeros de Los Borrachos del Tablón, la facción que lideraban los hermanos Alan y William Schlenker.

Existen dos posiciones diferenciadas respecto a cómo combatir el problema de las barras, no son diferencias políticas ni ideológicas, sino más bien metodológicas. Hay dirigentes que, ante la magnitud del problema, prefieren negociar con los violentos, a cambio de que estos alienten y no provoquen incidentes dentro de los clubes, y, por otra parte, los dirigentes que, hastiados de las extorsiones, plantaron bandera y convocaron al poder político para atacar el asunto. Entre estos últimos se encuentra, por ejemplo, el presidente de Independiente, Javier Cantero, el primero en declararle la guerra a los violentos.

Los del primer grupo, como ocurre en el caso de Boca, que este año llegó tener dos barras funcionando simultáneamente, la del agredido Martín y la de Rafael Di Zeo, deben saciar la demanda de los líderes y capitanes con dádivas de distintos calibres: viajes, entradas, participaciones en el negocio turístico, concesiones para vender merchandising trucho dentro de los estadios. Los del segundo grupo, en cambio, eligen el camino más difícil con gravísimos obstáculos como pueden ser la corrupción policial y o la complicidad de la clase política, que utiliza a los barrabravas como fuerzas de choque.

La primera decepción de las autoridades de Independiente llegó de parte de la policía bonaerense, a través de los operativos de seguridad. Una escribana contratada por el club certificó que la policía bonaerense había enviado al estadio Libertadores de América la mitad de los efectivos que contemplaba el operativo, y para colmo -aunque solo lo cuentan informalmente- se encontraron con un pedido de coimas por valor de 50.000 pesos, para ser repartidos entre las distintas jefaturas intervinientes. El club no aceptó el reclamo y pidió ayuda a las autoridades nacionales para poder aplicar el derecho de admisión, que por lo expuesto anteriormente se resistían a aplicar los otros clubes grandes.

Enfrentaremos a los barras con la ley, con la Justicia y con la policía honesta. Hay que desandar un camino de muchos años para demostrar que los barras son delincuentes camuflados que se roban una fiesta que es de todos, manifestó la abogada Florencia Arietto, flamante jefa de seguridad de Independiente. Sus palabras son bien claras.

La atención que tanto la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, como el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, le prestaron al llamado de Cantero, provocó los primeros avances favorables. Inmediatamente su sumó la provincia de Buenos Aires, que anunció la disolución del ineficiente COPROSEDE, y la creación de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), un organismo mixto que deberá velar por la seguridad de los hinchas.

La AFA también se sumó a la iniciativa con una propuesta muy novedosa, que fue presentada oficialmente el pasado 3 de octubre y tendrá plena vigencia a partir del torneo Final 2013, en principio sólo los partidos de Primera División. Se trata del sistema de administración AFA-Plus, para el ingreso biométrico a los estadios, que obligará a todos los protagonistas: hinchas, socios, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, árbitros, periodistas y hasta los policías comprendidos en los operativos, a empadronarse en un registro especial para poder acceder a los distintos estadios. El proyecto, del que participan la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la empresa Telecom que anunció una inversión de 300 millones de pesos para la instalación de molinetes y carnets intransferibles-, tenderá a mejorar no sólo la seguridad en los estadios sino también la reventa o falsificación de las entradas, ya que se prevé el reemplazo de las entradas de papel por otras electrónicas, que se podrán adquirir, por ejemplo, en los cajeros automáticos.

Según manifestaron los propios dirigentes, el sistema AFA-Plus permitiría dar un paso importante en la lucha por la erradicación de las barras bravas. Es uno de los puntales para terminar con la inseguridad en el fútbol, apuntó Diego Turnes, vicepresidente de River. En tanto que, Miguel Silva, secretario de la AFA y vice de Arsenal, remarcó: Será la herramienta principal con la colaboración de los organismos de seguridad para erradicar la violencia.

La promesa está en marcha, como sucedió en su momento con la instalación de cámaras en todos los estadios, falta sin embargo un sinceramiento absoluto de parte de todas las dirigencias que, por una u otra razón, contribuyen a la rentabilidad de los barrabravas, para quienes, dadas como están las cosas, su condición de tal no deja de ser un trabajo remunerado, al menos por ahora.

*Sociólogo y periodista