En plena crisis económica, los estados y sus ciudadanos ponen bajo la lupa del control gubernamental los gastos y el enriquecimiento de las monarquías europeas. En España la justicia imputó a la infanta Cristina, hija del Rey Juan Carlos, por un caso de corrupción en el que se investiga a su marido, Iñaki Urdangarin. La corona británica también es foco de controversias. Según informó la agencia ANSA, el Comité parlamentario de Cuentas Públicas auditará las cuentas de Isabel II.

La justicia española acusa a Urdangarin y a su socio Diego Torres de apropiarse 7.7 millones de dólares, pertenecientes al erario público, a través del Instituto Nóos. Cristina de Borbón formaba parte de la junta directiva de dicha institución por lo que, de acuerdo al juez interviniente en la causa José Castro, podría haber un delito de cooperación o complicidad.

El juez convocó a declarar a la hija menor del Rey el próximo 27 de abril. Sin embargo, las últimas noticias publicadas en el sitio Mundo.es, indican que la cita fue anulada debido al recurso presentado por la Fiscalía.

Durante este mes, la Casa Real británica recibirá 36,1 millones de libras esterlinas (56 millones de dólares) por parte del Estado para financiar sus compromisos oficiales, un aumento del 16% en relación a la cifra recibida el año pasado.

Según publicó el diario El País, las cuentas de Beatriz de Holanda también son controladas: La reina, su hijo Guillermo y la esposa de este, Máxima —que accederán al trono el próximo día 30—, reciben 39,5 millones de euros en concepto de ‘ejercicio de su función’. Además, la reina tiene que declarar por ley cualquier gasto que haga cuando realiza labores de representación en calidad de jefa del Estado.

La crisis hace que los funcionarios tengan que mostrar a la ciudadanía actividades de anticorrupción

Por Ezequiel Nino*. Los controles sobre lavado de dinero están funcionando lentamente mejor. El Grupo de Acción Financiera Internacional está jugando un rol importante. Hay leyes nuevas de anticorrupción en Inglaterra y Estados Unidos. Los bancos ahora tienen la obligación de denunciar aquellas actividades sospechosas, particularmente de clientes que tengan alguna actividad relacionada con la política.

Por otra parte, la crisis económica hace que los funcionarios tengan que mostrar a la ciudadanía actividades de anticorrupción y de control de hechos espurios. Como pasó en Argentina durante el 2001, en términos de la lucha contra la con la corrupción, este contexto representa la posibilidad para mejorar la transparencia. El movimiento de los indignados es muy amplio. Ciento de miles de personas se reúnen periódicamente en las principales ciudades de Europa.  Esto genera presiones para los poderes políticos. Es preciso demostrar algunos cambios.

*Director ejecutivo de la Asociación Civil Igualdad y Justicia.