El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con la resolución N° 246/18 que habilitaba las fumigaciones cercanas a escuelas rurales, bancos de agua y pueblos. La decisión publicada el 18 de febrero en el Boletín Oficial, tendrá vigencia por un año.

Leonardo Sarquis, ministro bonaerense de Agroindustria y ex gerente de la empresa Monsanto, suspendió esta normativa que regía desde el 1 de enero. La misma, habilitaba las pulverizaciones con plaguicidas, junto a cuerpos de agua, escuelas rurales o lotes linderos a los pueblos. Si bien había un vacío legal en cuanto a esto, lo que hacía este marco era oficializar algo que ya se venía haciendo, expresó Patricio Eleisegui, periodista especializado en la temática, en diálogo con GestionPublica.info.

Esta suspensión es solo por un año, a fin de poder trabajar -durante este tiempo- en forma precisa, eficiente y detallada, según expresa el Boletín Oficial. En este lapso un grupo multidisciplinario va a tener como función determinar nuevos criterios. Puede que el año que viene se habilite nuevamente sin modificaciones, pero en teoría lo que está buscando el gobierno provincial es ajustar los parámetros, explicó Eleisegui.

La marcha atrás tiene que ver con varios factores, remarcó el periodista. Esta normativa que se dispuso en diciembre de 2018 causó una gran polémica entre distintos actores que se organizaron para reclamar en su contra, como la Asamblea de Pueblos Fumigados, colectivos sociales, abogados y medios de comunicación que conformaron un frente común y realizaron intervenciones para frenarla. Pero también hay que tomar en cuenta que es un año electoral y este es un tema sensible. Sarquis entiende de estas cuestiones, agregó.

En un momento sensible a nivel económico y social, esta decisión juega un rol muy importante para tratar de no generar más turbulencias a un proyecto político que ya tiene demasiadas críticas y golpes visibles. El año que viene, quien asuma, deberá hacerse cargo de este tema, aseveró Eleisegui. En las provincias más productivas de la Argentina se utilizan alrededor de 320 millones de litros anuales de plaguicidas.

Mientras tanto, la resolución establece armar, en el plazo de 60 días, un equipo multidisciplinario para establecer si es o no conveniente fumigar en zonas cercanas a la población. Si bien la normativa se aplica en la provincia de Buenos Aires, la situación es la misma en el resto de los territorios donde se practica la agricultura intensiva.

Podemos encontrar parentesco con Entre Ríos, con el sur de Santa Fe, con el sur de Córdoba. No hay gran diferencia. El problema que tenemos es la ausencia de estadísticas sobre el uso de estos químicos. Buenos Aires es una de las provincias más afectadas, subrayó el periodista, quien acaba de publicar Agrotóxicos, su último libro.

Este nuevo libro de Eleisegui intenta dilucidar qué pasará en los próximos 20 años en la Argentina agroindustrial. Cuáles son los planes, en que están trabajando las empresas a futuro y cuál es la política de estado en este sentido. Hice entrevistas y contacté a actores de la misma cadena productiva: como a Monsanto, a Grobocopatel y a Nidera. Y eso me permitió entender como hay un modelo que persiste más allá del gobierno de turno. La realidad es que hay una continuidad que se mantiene desde 1996 y se ha ido profundizando. Todo indica que la visión va a seguir siendo esa, inclusive si hay un cambio de gestión, finalizó.