Luego de un pedido de Poder Ciudadano, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el pasado 15 de diciembre que la Sindicatura Porteña haga públicos sus informes de los últimos 3 años. GestionPublica.info se comunicó con el Director de Justicia de la ONG, German Emanuele, quien advirtió que la resolución no está firme.

La ONG que preside Pablo Secchi había solicitado los informes realizados por el organismo de control interno de la gestión estatal porteña, y la justicia de la Ciudad hizo lugar a la solicitud ordenando que la Sindicatura brinde información respecto a la documentación de los últimos años. 

La sentencia explica que la normativa que rige no da cuenta de imposibilidad o prohibición alguna de suministrar, en su caso, dichos informes sobre la gestión pública a la ciudadanía interesada.

Sin embargo, en comunicación con este medio, Germán Emanuele aseguró que la sentencia todavía no está firme, no recibimos ninguna notificación y la Sindicatura tiene plazo para apelar ante el tribunal superior de justicia.

Según Emanuele, una vez que la sentencia quede firme, el organismo tiene 10 días para presentar lo solicitado así que creemos que hasta después de Febrero no tendremos noticias.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad había resuelto de forma unánime el pasado 15 de diciembre admitir el recurso de apelación deducido por la Fundación Poder Ciudadano y, en consecuencia, ordenar a la Sindicatura General a que en el plazo de diez días provea la información solicitada por la actora en el marco de un amparo por cumplimiento de la Ley 104 de Acceso a la Información Pública.

El fallo da cuenta que la confidencialidad de los informes no se funda más que en una normativa genérica, al tiempo que no se alegan cuáles serían los datos involucrados en los informes requeridos sobre los que debería guardarse dicha confidencialidad. Una afirmación de esa generalidad no puede ser admitida en orden a denegar el acceso a la información.

La ONG había impulsado está acción en el año 2014 con el fin de que se presenten los informes que, en el marco de sus atribuciones de la gestión pública, confeccionó durante los últimos tres años y mediante los cuales se le informa al Jefe de Gobierno sobre la gestión de los organismos bajo su competencia en los aspectos económicos, financieros, operativos y de control interno.

Desde Poder Ciudadano concluyeron que si bien al día de la fecha la sentencia no está firme, resulta importante aclarar que es de gran relevancia no sólo para afianzar el derecho de acceso a la información pública en nuestro país, sino también para ponerle fin a la accesibilidad diferenciada que existía respecto a los informes producidos por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y por la Sindicatura, situación que ya había sido evidenciada y analizada por Poder Ciudadano en el informe denominado Sistema de evaluación de la integridad local Ciudad de Buenos Aires.