El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizaría en los próximos días un nuevo tarifazo en el servicio de electricidad que rondaría entre el 35 y el 40%.

Desde el Ejecutivo argumentan que en diciembre hubo un aumento en los precios mayoristas, dispuesto por Cammesa, y que, por otro lado, se incrementaron los costos de distribución.

El aumento sería publicado la semana próxima tras un fallo de la Justicia federal, que rechazó el pedido presentado por la Municipalidad de San Antonio de Areco de abrir la feria judicial para recibir demandas contra los tarifazos.

La suba se dará escalonadamente, aunque no se conocen los detalles de los mecanismos en que los usuarios deberán afrontar el nuevo incremento tarifario en el servicio de luz. Un servicio que ha sido fuertemente criticado en diciembre y enero por los frecuentes cortes, tanto en el Conurbano como en La Plata, donde la empresa Edelap quedó en el centro de las críticas.

Por su parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se opuso a que las empresas de energía eléctrica que operan en la Provincia busquen aumentar nuevamente las tarifas para que los usuarios sean los que terminen cubriendo las deudas que las distribuidoras mantienen con la mayorista CAMMESA.

A través de un pedido al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), la Defensoría busca que no se oficialicen los nuevos cuadros tarifarios que Edesur, Edelap, Eden y Edes, Edea, pretenden aplicar para los consumos registrados a partir de febrero.

Debido al aumento del costo mayorista en la producción, las empresas contrajeron importantes deudas con la mayorista, por lo que ahora quieren que los usuarios, vía tarifas, sean quienes se hagan cargo de este desfasaje. Exigimos que se le ponga freno a esta situación, porque los usuarios no son los que tienen que hacerse cargo del riesgo empresario mientras las compañías siguen obteniendo ganancias millonarias, explicó Lorenzino.

La intención de las empresas es cargar el costo de esta deuda a los bonaerenses mediante un pago que deben hacer en 90 cuotas. Es un despropósito similar a cuando las distribuidoras de gas buscaron que los usuarios les compensen el costo de la devaluación en dólares y que pudimos frenar a tiempo. En medio de una fuerte crisis económica debemos exigir que se eviten estas maniobras fraudulentas que terminan afectando a los que menos tienen, expresó Lorenzino.