El Diputado por el PJ y actual Presidente del bloque, Gustavo Muñiz trabajó durante todo el año pasado en un proyecto de Ley que plantea que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado deben realizarse diferentes exámenes de consumo de droga. La iniciativa, también incluye a los miembros de los órganos de control como la Fiscalía de Estado, Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. Asimismo, alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios, jefes y subjefes de la Policía y de Brigadas de Investigaciones.

Luego de estar casi un año en comisión, Gustavo Muñiz logró que su proyecto ingrese al recinto en la última sesión de 2013 pero, finalmente, sólo cosechó tres votos positivos y 24 negativos.

En diálogo con Gestionpublica.info, Gustavo Muñiz lamentó que su proyecto haya quedado truncado. A último momento, algunos diputados que durante sesiones anteriores me habían dado su apoyo se tiraron para atrás y no logré los votos necesarios.

Aunque parezca una ironía, estoy contento de que se haya votado, pero no con el resultado. Al menos tengo la conciencia tranquila porque estoy tratando de hacer algo contra el consumo de drogas, analizó el Legislador, que aún no definió si volverá a presentar el proyecto con alguna modificación.

La iniciativa plantea empezar por los altos cargos electivos y aquellos puestos que nombra el Gobernador, como lo son los ministros. Luego, propone seguir incorporando a todos los empleados del Estado y lograr, por sorteo año tras año, que al menos un 20 o 25% de los funcionarios públicos se haga ese tipo de control. De esa manera podemos controlar no tener dentro del Estado ningún bolsón de gente que toma decisiones y tenga algo que ver con la droga, explicó Muñiz.

En principio, los medios locales que hicieron eco del proyecto lo anunciaban como una rinoscopía, pero el Presidente del bloque del PJ sostuvo que no estaba planteado así.

El proyecto quedaba abierto a que la autoridad de aplicación, que yo planteo que tiene que ser el Ministerio de Salud de la Provincia, determine qué tipo de controles hacer, porque con una rinoscopía hoy no conseguís todos los resultados, aclaró Muñiz. 

Uno de los temas que más retrasó el proyecto fue la aplicación de penas. En principió, Muñiz no determina ningún tipo de sanción en su iniciativa ya que planteaba el tema como una enfermedad. Por decreto, cuando un funcionario tiene una enfermedad o un accidente, el Estado le otorga licencia con goce de sueldo. Inclusive las enfermedades que tienen un régimen especial, argumentó el Legislador.

Finalmente, luego de consultarlo con abogados, Muñiz decidió que se penara a aquellos que no se sometan al control, a través de la quita de un porcentaje de su sueldo. No sancionaba al que era drogadicto, porque para mi es una enfermedad y apuntaba a que se cure, razonó.

Por último, Muñiz se refirió a las principales críticas que recibió por parte de sus colegas. El derecho a la vida privada y el temor a quedar escrachado para toda la vida (en caso de obtener un resultado positivo) fueron los obstáculos principales. Pero, en realidad, ninguno de los que tomamos decisiones deberíamos tener algo que ver con la droga.