Pero dado que los gobiernos aún no se pusieron de acuerdo en la elección del nuevo SG, Rodríguez Araque ha debido continuar en funciones a pesar de los serios problemas de salud que, en el último año, limitaron en gran medida sus

desplazamientos por la región. Teniendo en cuenta los problemas que enfrenta la región, especialmente en el caso de Venezuela, país sometido a un sostenido ataque por parte de Washington -con un desembozado intervencionismo que hace recordar a los años de la Guerra Fría- y de las clases y grupos sociales cuyos privilegios y prerrogativas fueron sustancialmente recortados por la Revolución Bolivariana, la designación de un nuevo SG de la UNASUR es un asunto de la mayor importancia. Pero no sólo por causa de la desestabilización que padece Venezuela sino también por la necesidad de elaborar un marco de acuerdos para la defensa de los amenazados bienes comunes de América del Sur, que excitan la voracidad de los países desarrollados.

Las inmensas riquezas naturales como el agua, el petróleo, el gas, la biodiversidad, la minería, sus bosques y selvas y su extraordinaria capacidad de producir alimentos que la humanidad están reclamando a gritos una política regionalmente unificada para asegurar su racional utilización y, cuando sea posible, su conservación para las futuras generaciones. Ante esta situación hay quienes dicen que la UNASUR carece de sentido y que es mejor que cada país se enfrente al concierto de naciones y economías sin apelar a "artificiales mediaciones" como la que nos ocupa. Sin embargo, en un mundo marcado por flagrantes asimetrías económicas, tecnológicas y políticas, en donde países muy ricos y poderosos someten a su arbitrio a quienes no lo son, una institución como la UNASUR puede ser de gran importancia para equilibrar las fuerzas en juego en el terreno internacional. Se aduce a menudo que los países de América del Sur tienen diferentes regímenes políticos, gobiernos de distinto signos e intereses nacionales diversos, realidades todas estas que supuestamente conspiran contra la viabilidad de un esquema integracionista como el de la UNASUR. No obstante, la escena internacional presenta ejemplos que desmienten esta tesis. El caso más notable es el de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, con sede en Viena, y que agrupa a 12 de los principales productores de petróleo: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela, Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Qatar. Fundada en 1960, la OPEP ha sobrellevado numerosas crisis económicas internacionales, el acoso de los grandes importadores de petróleo: Estados Unidos y Europa, que hicieron lo imposible para destruirla y las grietas y fracturas producidas en su interior como las guerras entre Irán e Irak y, posteriormente, la invasión de Irak a Kuwait.

Pese a todo esto, y a las grandes diferencias que en materia de lengua, cultura, religión, economía y regímenes políticos separan a sus miembros, mucho mayores que las que se podrían identificar en el caso de la UNASUR, la OPEP ha seguido funcionando sin pausa hasta el día de hoy. ¿Por qué no habría de ocurrir lo mismo en el caso, mucho más favorable por su homogeneidad en todos estos rubros, de los países sudamericanos?

De lo anterior se desprende la relevancia y urgencia de proceder a la designación del nuevo SG de la UNASUR. Se requiere de alguien con gran experiencia internacional, con un reconocimiento regional sólidamente construido, con rápido y fácil acceso a los presidentes de la región y con grandes dotes para articular intereses no necesariamente incompatibles aunque en muchos casos puedan ser de difícil -más no imposible- armonización. Se han barajado muchos nombres: Lula y su asesor en materia internacional (y actual asesor de Dilma Rousseff), Marco Aurelio García, pero ambos declinaron debido a su activa inserción en la política brasileña; se pensó también en el actual presidente del Uruguay José "Pepe" Mujica, pero su mandato termina al finalizar el año y la sucesión no puede demorarse tanto tiempo. Se trajeron a colación también otros nombres, pero siendo muy respetables carecían de todos los muy exigentes atributos requeridos para el cargo. Queda uno en carrera, el ex canciller argentino

Jorge Taiana, que cuenta con el consenso de prácticamente todos los países sudamericanos, pero se requiere que el gobierno argentino lo proponga formalmente para el cargo, cosa que hasta ahora no ha hecho. No es este el lugar para especular acerca de las razones, grandes o pequeñas, de esta pasividad. Pero lo que sí puede decirse es que la UNASUR está en riesgo y que es una construcción de decisiva significación para nuestros países, que se ha institucionalizado pese a la sorda hostilidad de Washington, y que sería lamentable que cuestiones subalternas obstruyan la designación de una persona que podría hacer un aporte esencial para consolidar el proyecto integracionista que comenzara con Néstor Kirchner y que con gran esfuerzo continuaran María Emma Mejía y Alí Rodríguez Araque. Sería triste y políticamente muy costoso que teniendo esa posibilidad en nuestras manos la

Argentina se desentendiera del asunto y con su indiferencia colaborase involuntariamente al debilitamiento de la UNASUR y la acentuación de la vulnerabilidad externa de los países del área.