El 8 de julio de 2008, un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los Estados -Nacional, CABA y Provincia de Buenos Aires- eran responsables de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo. Al mismo tiempo, exigió la creación de un organismo encargado de su saneamiento: la ACUMAR.

Ahora, las tijeras pasarían por los casi 1.800 millones de pesos con los que contaba la Autoridad hasta 2017. Uno de los recortes estaría en el contrato con la Ceamse, que se encarga de limpiar los basurales que se forman al costado del Riachuelo. La idea es que la empresa termine de hacer el trabajo y luego la responsabilidad pase a los intendentes de los 14 municipios involucrados en la Cuenca.

A lo largo de sus años de funcionamiento la ACUMAR tuvo ocho presidentes, siendo Gladys González la que menos estuvo al frente de la institución: menos de cuatro meses para luego convertirse en Senadora Nacional representando a la alianza de gobierno. Pero también, el organismo tuvo un crecimiento sostenido en la planta de personal: desde 2015 pasaron de menos de 500 empleados a más de 750 y los cargos directivos aumentaron un 25%.

Hace tan sólo dos años, el comité de la ACUMAR reconoció ante la Corte que en 8 años se cumplió sólo el 20% del saneamiento. La respuesta de los Supremos fue contundente: No queremos nuevos planes, queremos acciones concretas.

Según los datos objetivos que presentan, estos indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados. Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dicen en el informe es que ya hay 5.200 millones de dólares invertidos, pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia. ¿Qué se hizo con eso?, sentenció en aquella audiencia, quien era el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

La Auditoría General de la Nación ha encontrado a lo largo de este tiempo, varias falencias en el funcionamiento de la Autoridad, lo cual respondería en mayor medida al gasto desbocado. Este año, por ejemplo, se descubrió que el ente encargado de limpiar el Riachuelo firmó un convenio con una universidad para relevar desagües ilegales, pero la casa de altos estudios tercerizó la tarea (ver aquí).

Otro informe aseguró que en 2016 -ya bajo la órbita de los gobiernos actuales- la AGN reveló que la ACUMAR devengó el 57% de su presupuesto. Así la limpieza de basurales y el plan sanitario de emergencia tuvieron menor inversión. En total, sobre un presupuesto de 1.191 millones de pesos, se alcanzó a ejecutar algo más de $ 680 millones.