Sobreprecios en los subsidios que se entregan a las obras sociales, y falta de control del cumplimiento de las prestaciones y campañas de vacunación con las que se justificaron los envíos de dinero. Esas son algunas de las conclusiones de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Administración de Programas Especiales (APE), una dependencia del Ministerio de Salud que financia campañas contra males de baja incidencia, alto costo y dolencias crónicas. Este lunes, personal del Juzgado Federal de Claudio Bonadío entregó en la sede de la AGN una “orden de presentación y secuestro” para obtener los “papeles de trabajo” del informe de Auditoría.

El organismo de control descubrió que en muchos casos de 2004 las rendiciones de cuentas de las obras sociales sobre los subsidios eran “eminentemente financieras”, y que la APE no revisaba que los medicamentos lleguen a los afiliados.

En la campaña de vacunación antigripal de 2004, el subsidio acordado con seis obras sociales valuó cada dosis en $ 25, mientras que el resto de las prestadoras pactó con el PAMI pagar $ 12.12 por vacuna.

Por otro lado, la AGN destacó que “no se verificó la razonabilidad” en las cantidades de dosis solicitadas por cada obra social con respecto a años anteriores, y que en 2004 “se dejó de requerir a las prestadoras la obligación de demostrar la aplicación de las vacunas”.

El organismo de control también detectó irregularidades en años anteriores. La Obra Social Bancaria recibió en 2002 el 70 % de un subsidio de $ 225 mil ($ 157.500) para vacunación antigripal con un compromiso de la APE de “desembolsar lo restante tras la rendición de cuentas de la totalidad del subsidio”, dice el informe. La documentación que presentó la Bancaria sobre la campaña fue objetada por la Subgerencia de Rendición de Cuentas, que reclamó la lista de los beneficiarios vacunados y una factura del proveedor por el importe total de lo desembolsado. La Bancaria dijo que “desconocía el trámite” por el que se le había dado el subsidio y la APE, que no solicitó una rectificación de la obra social, pagó un sobrevaluado saldo restante: la factura del proveedor era de $ 197.676, por lo que hubiese correspondido rembolsar $ 40.176, pero la Asesoría Jurídica del organismo decidió completar la cifra original, $ 67.500. Según la AGN, esto “no fue incorporado al expediente” del subsidio.

La obra social los Hoteleros y Gastronómicos, por su parte, solicitó en noviembre de 2000 un subsidio de $ 1,3 millón para cancelar pasivos prestacionales y rindió cuentas por $ 550 mil. En esa rendición se informa sobre la recomposición del contrato con un prestador pero no se demuestra el pago de facturas de servicios que justificaron el desembolso. Además, la AGN detectó otros subsidios sin que la UTHGRA probara el destino del dinero en prestaciones.

Otras obras sociales también quedaron eximidas de argumentar los subsidios de la APE. A la del Personal de Sanidad se le transformó en reintegros, transferencias no rendidas por $ 240.200,20, lo mismo ocurrió con OSECAC por $ 63 mil. Para la Obra Social de los Ferroviarios, la APE aprobó un reintegro de $ 423.384 “sin verificar la validez de los elementos comerciales presentados” en la rendición de cuentas.

En 2001 se pagaron subsidios con bonos que al momento del trabajo de la AGN -agosto de 2005-, no fueron rendidos ni devueltos por $ 12.606.653,38. También existen pagos con bonos en default por un valor nominal de $ 7.028.167,44 y un préstamo al PAMI por $ 127.335.336,46 que no fue rendido.