Entre los proyectos hídricos que no fueron controlados, la AGN destacó la construcción de un acueducto en el lago Musters, para proveer de agua potable a Santa Cruz y Chubut, por $ 125,4 millones; una central hidroeléctrica en la localidad de Cuesta del Viento, San Juan, por $ 114,5 millones; y la ampliación y remodelación de desagües cloacales en Tucumán, que costó $ 25,4 millones. Por otra parte, el organismo de control informó que no recibió detalles sobre los criterios utilizados en la elección de las obras en las que sí se hicieron estudios de impacto ambiental.

Según la AGN, ninguna de las 14 obras hídricas hechas en ese lapso fueron destinadas a la resolución de problemas de cuenca interjurisdiccionales, por lo que la Subsecretaría de Recursos Hídricos tampoco cumplió con su función de instituirse en “coordinadora de cuenca”, es decir, como una instancia del Estado nacional que articule los intereses municipales y provinciales en las problemáticas de las distintas cuencas hídricas. Entre 1998 y 1999, la magnitud del incumplimiento quedó en evidencia con la crecida de la Laguna La Picasa, que se extiende por 5.500 kilómetros cuadrados entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y que afectó casi 300 mil hectáreas de uso agrícola y ganadero, generando pérdidas por $ 24,3 millones.