El control de la discordia
El avance del Gobierno sobre los órganos de control que deberían encargarse de vigilar al Poder Ejecutivo y a sus funcionarios motivó un comunicado de la ONG Poder Ciudadano en el que dejó constancia de su preocupación “por el avasallamiento de los organismos de control”.
En el texto, Poder Ciudadano hace referencia a dos notas de Crítica de la Argentina: en una de ellas se revelaban cambios en el reglamento interno de la Oficina Anticorrupción (OA), y en la otra, el nombramiento de dos nuevos auditores provenientes del oficialismo en la Auditoría General de la Nación (AGN).
“Las recientes decisiones tomadas por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, impactan negativamente sobre el funcionamiento y la independencia de la Oficina Anticorrupción (OA)”, reza el comunicado, en el cual la entidad se muestra preocupada porque tanto “el nuevo reglamento interno como la suspensión de los concursos para la selección de personal técnico e idóneo para llevar adelante las investigaciones sobre actos de corrupción contradicen lo establecido por la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Este diario había publicado el martes que Fernández firmó un decreto con el cual le dio más poder al jefe político del organismo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas.
Poder Ciudadano también denuncia “el cuestionado proceso de designación de los auditores Vicente Brusca y Oscar Lamberto en la Auditoría General de la Nación (AGN)”.
En su edición del 3 de junio, Crítica de la Argentina reveló que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, intervino virtualmente la AGN, el organismo que depende del Congreso y que se ocupa de controlar las cuentas del Gobierno.
Con la designación de dos auditores leales, el ministro estableció una estructura de poder en la AGN que obstaculiza la investigación sobre los gastos oficiales. Ya consiguió frenar la publicación de cuatro informes que comprometen a los ministros de Planificación, Julio de Vido; de Justicia, Aníbal Fernández; a la ex ministra Felisa Miceli; a las autoridades del Banco Nación, y al secretario de Energía, Daniel Cameron.
La entidad adelanta en el texto que “informará tanto a la Organización de Estados Americanos como a la Organización de las Naciones Unidas al respecto”.
“Esta sucesión de hechos –dice el comunicado– es contraria al fortalecimiento de los órganos de control e implica un retroceso en materia de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción en la Argentina.”
En el texto, Poder Ciudadano hace referencia a dos notas de Crítica de la Argentina: en una de ellas se revelaban cambios en el reglamento interno de la Oficina Anticorrupción (OA), y en la otra, el nombramiento de dos nuevos auditores provenientes del oficialismo en la Auditoría General de la Nación (AGN).
“Las recientes decisiones tomadas por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, impactan negativamente sobre el funcionamiento y la independencia de la Oficina Anticorrupción (OA)”, reza el comunicado, en el cual la entidad se muestra preocupada porque tanto “el nuevo reglamento interno como la suspensión de los concursos para la selección de personal técnico e idóneo para llevar adelante las investigaciones sobre actos de corrupción contradicen lo establecido por la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Este diario había publicado el martes que Fernández firmó un decreto con el cual le dio más poder al jefe político del organismo, Abel Fleitas Ortiz de Rozas.
Poder Ciudadano también denuncia “el cuestionado proceso de designación de los auditores Vicente Brusca y Oscar Lamberto en la Auditoría General de la Nación (AGN)”.
En su edición del 3 de junio, Crítica de la Argentina reveló que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, intervino virtualmente la AGN, el organismo que depende del Congreso y que se ocupa de controlar las cuentas del Gobierno.
Con la designación de dos auditores leales, el ministro estableció una estructura de poder en la AGN que obstaculiza la investigación sobre los gastos oficiales. Ya consiguió frenar la publicación de cuatro informes que comprometen a los ministros de Planificación, Julio de Vido; de Justicia, Aníbal Fernández; a la ex ministra Felisa Miceli; a las autoridades del Banco Nación, y al secretario de Energía, Daniel Cameron.
La entidad adelanta en el texto que “informará tanto a la Organización de Estados Americanos como a la Organización de las Naciones Unidas al respecto”.
“Esta sucesión de hechos –dice el comunicado– es contraria al fortalecimiento de los órganos de control e implica un retroceso en materia de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción en la Argentina.”