Parece que la profecía se cumplió: en 2004, cuando se creó por ley la empresa energética ENARSA, los opositores alertaron que esa "sociedad atípica" -una sociedad anónima pero con mayoría accionaria estatal- escaparía a los controles del Estado. Un lapidario informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) acaba de alertar que ENARSA no cumple con la ley de administración financiera ni tampoco con la de sociedades comerciales.

El informe dice, entre otras observaciones, que la "la actividad de la auditoría interna no puede considerarse satisfactoria", que "falta emisión periódica de información financiera, económica y de gestión", que en el directorio "se tratan temas con posterioridad a la firma de los contratos", que no hay control externo por parte de la AGN, y que "no existen procedimientos que regulen compras y contrataciones, ni reglamentos para pagos y rendición de gastos en concepto de viajes".

ENARSA es la empresa de capital estatal que alquiló el avión privado que trajo desde Venezuela a Alejandro Antonini Wilson y su valija cargada de dólares. En ese vuelo estaban su presidente, Ezequiel Espinoza, y el ex funcionario Claudio Uberti. Es la compañía que se encarga de los temas energéticos, desde concesiones petroleras hasta la energía eléctrica.

El informe de la SIGEN, que fue publicado en la página www.elauditor.info (y también se lo puede leer en el sitio oficial del organismo), cuestiona con dureza la compra del 25% de Citelec, la controlante de la transportadora eléctrica Transener. No cumplió la ley de sociedades comerciales, porque ENARSA se endeudó por un monto mayor a la mitad de su propio capital sin llamar a asamblea de accionistas.

Eso ocurrió en 2007, a través de un préstamo del holandés ABN AMRO BANK por 27 millones de dólares. Se le compró a Petrobras la mitad que poseía de Citelec -el 25% para ENARSA y el otro 25% para la cordobesa Electroingeniería-. Por entonces, el capital de la empresa estatal era de 50 millones de pesos. Según la SIGEN, se habrían violado siete artículos de la ley 24.156 de Administración Financiera, el presupuesto societario no preveía la inversión ni semejante endeudamiento (debió decidirse en una asamblea societaria, según el artículo 31 de la ley 19.550), no hubo auditoría de control externo, no hay "demostración de la capacidad de pago del préstamo" ni tampoco "informes comparativos" de las condiciones del préstamo respecto de otros vigentes en el mercado.

Además, ENARSA esquivó el control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN) y contrató en su lugar a la privada Price Waterhouse, porque adujo que le cobraba menos.

La AGN es el organismo de control externo del Estado, que actúa después de los hechos y depende del Congreso. Está presidida por un hombre de la oposición (Leandro Despouy) aunque la mayoría del colegio de seis auditores es oficialista. En cambio, la SIGEN puede actuar en el mismo momento en que ocurren las cosas, y depende del poder Ejecutivo. Su titular es Julio Vitobello, cercano a Alberto Fernández, y su adjunta es Valeria Loira, quien fue secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado mientras la presidió Cristina Kirchner.

En 2004, cuando se aprobó en el Senado la creación de ENARSA, casi toda la oposición apoyó la idea pero cuestionó que no habría controles, en razón de que se creó una sociedad "atípica", a mitad de camino entre una organización privada y una empresa del Estado.

En ese momento, el santacruceño Nicolás Fernández lo justificó: "El nuevo régimen de sociedades con participación estatal les permite una gestión diferente en el logro de los objetivos buscados, al no encontrarse limitadas a las reglas de los entes públicos y especialmente a los inadecuados controles previos, que si bien son necesarios para el control público, en el campo privado juegan como retardatarios frenando, retaceando y restándole eficacia".

Le contestó el radical Gerardo Morales: "entonces, ¡ojo con los negocios que se hagan! Debemos fortalecer los sistemas de control tanto internos como externos".

Aquel debate, el de la creación de ENARSA, fue premonitorio. En la empresa "atípica", fallan los controles.