Por un lado, la propia Comisión Fiscalizadora de Enarsa detalló que su presupuesto para 2007 “no preveía la inversión y el eventual endeudamiento” de la operación con Citelec, y que la asamblea societaria no participó en la decisión de la compra. Así, la empresa estatal no cumplió siete artículos de la Ley de Administración Financiera referentes a los distintos niveles del Estado nacional, y de la propia compañía, que debían aprobar la transacción.

Por otro lado, con la compra de acciones, Enarsa invirtió en Citelec un monto mayor a la mitad de su propio capital y sus reservas legales, según los estados contables aprobados por la empresa en 2006, y superó los límites dispuestos en el artículo 31 de la Ley de Sociedades Comerciales. Citelec, por su parte, tiene una influyente participación en la empresa Transener, concesionaria de la red nacional de trasporte de energía de alta tensión.

El informe del organismo de control indica que la empresa no cuenta con un estatuto interno que regule procedimientos, gastos ni rendiciones de cuentas. Además, el directorio de Enarsa firma contratos antes de saber de qué se tratan y resuelve cuestiones, como las evaluaciones económicas, “sin la suficiente información para su análisis”, ni documentos avalados por las áreas responsables.

Entre otras “debilidades de control”, la actividad de la Unidad de Auditoría Interna de la empresa “no puede considerarse satisfactoria”, porque está formada “por una sola persona”, puntualizó la SIGEN que, igualmente, reprodujo un informe de la Comisión Fiscalizadora de Enarsa en el que se señala la “necesidad de implementar un adecuado sistema de control interno”, teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de actividades que lleva adelante la compañía y “la ajustada dotación de personal”: la estatal tiene sólo con 23 empleados, incluyendo técnicos, administrativos y síndicos.

Enarsa “no cuenta con un adecuado sistema de control interno”, concluyó la SIGEN, y añadió: “La falta de información normativa, financiera y de gestión, no brinda un marco adecuado para la toma de decisiones”. Al margen de sus conclusiones, el organismo de control consideró “baja” la predisposición de la empresa estatal a “regularizar las situaciones planteadas” por su Comisión Fiscalizadora.

Pese a que el control externo de Enarsa es tarea de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN señaló que la empresa contrató a un estudio privado para sus dos primeros ejercicios, 2005 y 2006. Según la Sindicatura, la compañía argumentó que en el primer año solicitó un servicio de auditoría a la AGN, pero “no tuvo respuesta alguna”, y que en 2006 decidió contratar a la consultora Price Waterhouse porque presentó un presupuesto de $ 15 mil, contra los $ 30 mil que había ofrecido la Auditoría.