Si bien el presupuesto del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) aumentó un 7309 % en tres años, un estudio dela AuditoríaGeneraldela Nación(AGN) de 2006, afirma que los controles que debe realizar el ente a los caminos que están bajo su órbita son “insuficientes en cuanto a la cantidad y calidad de la información”, y agrega: “Se observa que el OCCOVI no mide con la periodicidad mínima el estado del pavimento de los corredores”.

 

Por otra parte,la Auditoríaanalizó la labor del OCCOVI como ejecutor de obras de infraestructura, una potestad que le fue conferida por el Decreto 1.915/04, y que se llevó la mayor parte de los sucesivos aumentos de presupuesto. Sobre las nuevas atribuciones del organismo, la AGN concluyó que podrían implicar “situaciones de controversia en materia de responsabilidades”, porque “al cogestionar la explotación de los corredores con los concesionarios, pierde la necesaria imparcialidad que debe gobernar sus acciones”. Al margen de eso, la Auditoría encontró “demoras altamente significativas” en el cumplimiento del cronograma de trabajos que estaban a cargo del ente, que involucraban las etapas de programación, licitación y ejecución de obras. “Los atrasos traen aparejados mayores gastos en mantenimiento”, agregó el estudio.

 

El marco regulatorio de las concesiones viales que rige desde 2003 fija un sistema de “cogestión” entre empresas privadas y el Estado nacional que finaliza este año. A raíz de ese marco se dejó en manos de las empresas concesionarias los trabajos de mantenimiento y conservación de las rutas, mientras que el Estado, a través del OCCOVI, se hizo cargo de las inversiones en infraestructura y refacciones.

 

Cuando las concesiones fueron adjudicadas, los corredores viales presentaban tramos que fueron clasificados según su necesidad de mantenimiento: los “A”, que requerían tareas de conservación que harían las empresas, y los “B”, más deteriorados, demandaban reparaciones financiadas por Nación. Según el informe dela AGN,la Comisiónde Concesiones se tomó cinco días, desde el 1º al 5 de septiembre de 2003, para recategorizar esos tramos en unas reuniones económicas, financieras y jurídicas que se llamaron proceso de Data Room técnico obligatorio.

 

En esos encuentros se redujeron “significativamente” la longitud de los tramos de nivel “A”, liberando a las concesionarias de realizar inversiones en mantenimiento. En el corredor Nº 3, por ejemplo, que pasa por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba yLa Pampa, los tramos "A" alcanzaban el 37 % de la longitud total al momento del llamado de la licitación, pero en la adjudicación pasaron a representar el 19 %, y en el Nº 5, que atraviesa Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, se disminuyó del 77 % al 26 %.La Auditoríaagregó que no pudo determinar el criterio usado para la recategorización de tramos, porque hubo trayectos muy dañados que se adjudicaron como “A”, mientras que otros, con estado superficial “bueno o muy bueno”, pasaron a ser categoría “B”. En el mismo sentido, el OCCOVI había programado para 2003 refacciones sobre recorridos con buenos parámetros superficiales y, recién para el fin de la concesión, obras sobre trayectos que presentaban “valores límite” de deterioro al momento de ser clasificadas.La AGNindicó en su informe que no logró acceder a la documentación técnica sobre la metodología y los criterios que se utilizaron para la recategorización de los tramos por “la falta de colaboración” del OCCOVI. Por otra parte, en el Data Room se bajó el nivel de exigencia necesaria para atender y solucionar las deformaciones longitudinales de los caminos “en desmedro de las condiciones de transitabilidad”, completó el organismo de control.

 

De los hallazgos dela Auditoría, se desprende que las concesionarias tampoco facilitan el trabajo del OCCOVI, porque los planes de obra que presentan las empresas no tienen los detalles necesarios de las tareas de mantenimiento que deben realizar, “lo que dificulta, cuando no imposibilita, el seguimiento de esas obligaciones”, comentó el informe. Además, las obras previstas “son insuficientes” en relación al grado de deterioro que tienen los corredores viales: “Esto evidencia un desconocimiento del estado y la evolución (de los caminos), factores indispensables para una adecuada gestión de conservación”, añadióla AGN. Peroal mismo tiempo, las falencias de las concesionarias marcan que el OCCOVI no fija bases claras para controlar su accionar.La Auditoríadetectó que existe una “fuerte distorsión” en el modo en que las empresas distribuyen sus presupuestos, y destacó que el Corredor 5, por caso, contó con un total de gastos de $ 94.374.010, del que destinó el 63 por ciento al mantenimiento de “pastos y malezas, y limpieza de bosquecillos”, unos $ 59.829.649, mientras que al ítem de “preservación de la carpeta asfáltica” recibió sólo el 9 por ciento, $ 9.578.610.