El proceso de cambio climático está relacionado con el aumento en la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, como el dióxido y monóxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, liberados por la quema de combustibles fósiles, algunos procesos industriales y los depósitos de residuos urbanos. Estos cambios pueden aumentar la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías o inundaciones, además de la retracción de glaciares y la extinción de especies.

El Protocolo de Kyoto, Ley 25.438, había pautado tres mecanismos para garantizar la reducción de los gases que causan el efecto invernadero que en la Argentina tuvieron su correlato en las áreas de la Secretaría de Ambiente que examinó la AGN: la Unidad de Cambio Climático, la Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio y el Fondo Argentino del Carbono, creado por el decreto 1070/05 que nunca fue reglamentado.

Según el organismo de control, la Unidad de Cambio Climático no elaboró la estrategia nacional sobre la materia que preveían las resoluciones que le dieron forma. Esta Unidad fue creada por la Ley 24.295 de 1993, y nueve años después se designó por decreto a Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley. La AGN destaca que, “si bien se realizaron acciones en los principales ejes temáticos, no se encontró evidencia de mecanismos formales (documentación) de coordinación entre la Unidad y las dependencias de la administración pública relacionadas con la problemática, la comunidad académica o los sectores productivos”, de hecho, “no se definieron prioridades nacionales para la reducción de emisiones (de gases) por sector”.

El plan de acciones de la Unidad de Cambio Climático para el período 2003-2007 preveía la elaboración de un inventario de estudios científicos sobre cambio climático a nivel nacional. Estos datos debían figurar en una página web, básicamente, para que el Estado no pagara por trabajos que ya se hayan hecho antes, pero el listado nunca se completó.

En la Argentina existen 11 programas nacionales sobre cambio climático, entre los que se destacan Energías y Combustibles Alternativos, Uso Racional de Energía y planes de salud. Pero hasta marzo de 2007, cuando la AGN elaboró su informe, “ninguno estaba en ejecución”, en mayor medida, por falta de financiación. “No existen documentos que detallen objetivos, acciones, fechas de inicio ni responsabilidades para ninguno de los proyectos, ni se han previsto mecanismos de control o indicadores de avances”, completó la Auditoría.