Diferencias de precios y falta de control interno durante la emergencia sanitaria
Se auditó al ente encargado de las compras durante el primer año de la pandemia. La ausencia de documentación en expedientes y las variaciones entre los valores de las contrataciones, entre los desfavorables hallazgos.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) revisó las compras y contrataciones realizadas desde que se decretó la Emergencia Sanitaria, en marzo de 2020, hasta el fin del mismo año. El organismo auditado fue el Departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y el objetivo fue controlar los aspectos legales, financieros y de gestión de dichas operaciones.
Falta de control interno, dificultando la verificación de la información, y diferencias notables de precios entre lo autorizado y lo finalmente facturado fueron los hallazgos desfavorables más significativos.
Si bien la pandemia y el marco legal de emergencia sanitaria simplifican muchos de los procedimientos burocráticos tradicionales para la adquisición de bienes y servicios, el informe expone que fueron tomadas algunas libertades a la hora de efectivizar las adquisiciones necesarias.
Distancias entre precios
El informe, aprobado en agosto del pasado 2022, expone una importante diferencia de precios en la compra de barbijos. Para la adquisición de mascarillas descartables en principio fue aprobado un importe por unidad de $35, de la firma Cinmor SRL, pero luego, al efectivizarse la operación, el valor registrado fue de $68, representando un 94,29% más que la tarifa acordada.
En la misma línea, se realizó una compra, a la firma Roitz SA, de 600.000 unidades de barbijos tricapa de un solo uso, por un valor unitario de $71.40, que representa un precio un 104% superior al ofertado inicialmente.
Para la adquisición de mascarillas descartables se realizó una compra con un valor 94,29% superior a la tarifa acordada.
Además, al chequear los requisitos administrativos de esta última empresa se constató que no los cumplía y que figuraba desactualizada en el Registro del Proveedor.
Entre otras fallas de gestión, al revisar el expediente de las compras, se encontró que los valores de referencia, fueron incorporados al documento cuando la firma adjudicataria ya había realizado entregas por un 60% del monto total de lo convenido. Es decir, fueron agregados a modo de formalidad, pero no tenidos en cuenta para el análisis de la elección.
Este punto es importante ya que dichos valores son una guía para los Servicios Administrativos Contables autorizados a efectuar contrataciones, de modo que los funcionarios que tienen la responsabilidad de realizar estas adquisiciones lo hagan a precios razonables, utilizándolos como parámetros de comparación.
Los mismos aportan a mejorar la gestión y promover la transparencia, evitando el mal uso de los fondos públicos, los gastos extravagantes y los sobreprecios.
Falta de control interno y errores administrativos
Además de los manejos incorrectos a nivel presupuestario, la AGCBA expone en su informe la ausencia de manuales de Normas y Procedimientos y de circuitos administrativos con sus respectivos pasos, formalmente implementados.
Entre las falencias detectadas, el informe revela que, como se comentó con los valores de referencia, de la muestra de 24 acciones auditadas, en el 50% de los expedientes no se respeta el orden cronológico en la incorporación de la documentación respaldatoria del proceso de compra.
También se registraron casos en los que, al momento de ser realizadas las tareas, contaban con documentación incorporada al expediente que no correspondía al mismo y casos en los que no se dio cumplimiento a los plazos de antelación establecidos para la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
En una de las contrataciones auditadas no se detalla número, descripción, cantidad ni montos, solo el valor total de la compra.
La resolución de otra de las contrataciones, por ejemplo, solo hace referencia al monto total de la compra, sin detallar: número, descripción, cantidad ni monto de cada uno de los renglones que la componen.
Por otra parte, de la verificación de los expedientes de la muestra, no se obtuvieron evidencias, en 4 de los 24 casos, de que se haya solicitado la provisión de los insumos a los adjudicatarios de la Licitación Pública. Es decir, no se pudo comprobar que quien ganó el proceso de compra haya efectivamente suministrado lo contratado, que, en uno de los casos se trataba de la prestación de un servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por último, entre otras observaciones concernientes a la burocracia, en nueve casos no se encontraron incorporados al expediente, total o parcialmente, los documentos generados por el proveedor.
Esto se resalta porque la normativa vigente establece que tanto los Pedidos de Aclaración a los Pliegos como las respuestas, las notificaciones emitidas, las impugnaciones, los partes de recepción definitiva y/o remitos del proveedor, y todo tipo de informes competentes a la contratación deben ser agregados al expediente.
El ente auditor destacó la importancia de desarrollar e implementar controles que aseguren tanto la integridad y confiabilidad de la información, como que garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable y enmarquen a la gestión dentro de los conceptos de Economía, Eficiencia y Efectividad.
Es clave en contextos de emergencia y de alta necesidad que los procesos sean claros y ágiles, y factibles de revisión, no solo para permitir el posterior control de lo realizado, sino también para poder replicar aquello que dio resultado en posibles futuros contextos de crisis.