“Todo sigue igual de bien” cantaba Viejas Locas, banda liderada por Pity Álvarez, allá por 1999. Pero en el caso del Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo porteño, es casi al revés.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó una auditoría de seguimiento del programa y detectó que “de un total de 19 observaciones, 11 no registraban avance, lo que representa casi un 60% del total de la muestra”. Por su parte, “seis casos tuvieron un avance incipiente mientras que tan solo dos evolucionaron satisfactoriamente”.

El Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo, que lleva adelante la Dirección General de Economía Social (DGES), fue creado en 2008 para “incluir a las personas en condición de vulnerabilidad social ofreciéndoles herramientas para su inserción en el mundo laboral”.

Está destinado a porteños, mayores de 18 años, que no reciban otro beneficio y comprueben que están en situación de pobreza con la Certificación Negativa de ANSES. El monto de la beca social no remunerativa equivale al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil al momento de su otorgamiento. 

Los casos que no presentan grandes cambios refieren a cuestiones como la falta de registro de la demanda insatisfecha, mecanismos de control de presentismo y escases de recursos humanos.

Así, por ejemplo, el informe que evaluó 2012-2015 y se aprobó en noviembre de 2016, destaca que “no hay mecanismos de control cruzado que permitan saber la concurrencia de los beneficiarios”. Es que la DGES “ordena el pago de las becas a los beneficiarios y a las instituciones capacitadoras en función de los listados de presentismo mensual que estas últimas remiten”. 

También se mantiene la observación que indicaba que las Instituciones Capacitadoras “incumplieron el Convenio que las obliga a remitir un informe mensual sobre el rendimiento de cada alumno y un informe final del curso sobre el desempeño global”.

Frente a esto, la Gerente Operativa afirma que las organizaciones encargadas “alegan no estar en condiciones operativas” para cumplir esta obligación. Si bien se prevén acciones para sanear la situación, la Auditoría constató que “hasta el momento no fueron instrumentadas”. 

Otra labor que tuvo un avance insatisfactorio está relacionada con los informes o registros de entrevistas con los beneficiarios, fundamentales  a la hora de seguir cada uno de los casos.

El auditado señaló que “realiza los legajos y que están en distintos módulos”. No obstante, la Auditoría porteña “no pudo verificar” que los módulos contengan toda la información necesaria para realizar el seguimiento de casos, como por ejemplo, “los informes de tutorías tanto grupales como individuales”.

Entre las de avance satisfactorio se encuentra la publicidad del programa, que afecta directamente a la concurrencia. 
Desde la iniciativa se manifestó que “al no contar con presupuesto para publicitar en medios masivos” lo hace por los canales que tiene disponible como las sedes de los Servicios Sociales Zonales de las comunas, con folletos en las instituciones capacitadoras y en los sitios web de la Ciudad, entre otros. Este cuadro de situación “mejoró considerablemente” por lo que, para la AGCBA, “la observación se encuentra cumplida”.

Por último, entre las observaciones que tuvieron un avance “incipiente” se destaca la mejora que hubo en el sistema de archivo y resguardo de la documentación. Con anterioridad el circuito era considerado “precario e informal” y podía “afectar sensiblemente el Control Interno de la Dirección General de Economía Social”. 

Los auditores pudieron observar que el sistema “estaba digitalizado, lo que facilita las tareas de acceso a la información de cada beneficiario”. Sin embargo, aún queda mucho por hacer porque “los datos no están cargados completos ni a tiempo ya que se escanea de manera individual y el programa no cuenta con la capacidad operativa para hacerlo inmediatamente”.