La AGCBA detectó falta de profesionales en los Centros Integrales de la Mujer
El programa Asistencia a Víctimas de la Violencia brinda atención a quienes sufren maltrato doméstico y sexual, tanto a mujeres como a sus hijos. A fin de brindar una atención integral y directa, las dependencias deben contar con un equipo de expertos que, en muchos casos, está incompleto. A ello se suman problemas en la infraestructura edilicia.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que “solo dos de los seis Centros Integrales de la Mujer (CIM) cuentan con un trabajador social”. Son el Alicia Moreau y el Minerva Miraval y esto sucede pese a que “el Protocolo de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual recomienda que haya al menos uno en cada centro”.
La Coordinadora del CIM, Elvira Rawson, le comentó a la AGCBA la necesidad de contar con un profesional de esas características ya que “al brindar una atención personalizada, es el asistente social quien realiza la articulación y la derivación, según corresponda, a los centros de salud, programas de empleo y oficio, centros de primera infancia y demás instituciones”.
El programa de Asistencia a Víctimas de Violencia, dependiente de la Dirección de la Mujer, tiene como objetivo brindar atención a quienes sufren maltrato doméstico y sexual, tanto a mujeres como a sus hijos.
En este marco, funcionan los Centros Integrales de la Mujer que buscan acercar respuestas, orientación y asistencia de manera directa y gratuita. Quienes llegaran a estos centros deberán “son atendidas por un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, abogados y trabajadores sociales que, luego de evaluar el caso, elaboran una estrategia de abordaje”.
Si se compara el 2011, año de la auditoría anterior, con el 2014, en los tres institutos que son objeto del informe, Isabel Calvo, María Gallego y Elvira Rawson, “la situación de los recursos humanos se agrava” ya que “disminuyó el plantel de profesionales en dos de los tres centros visitados”.
Como se puede observar en el cuadro, el Centro Elvira Rawson pasó de contar con ocho profesionales en 2011 a 6 en 2014, mientras que la cantidad de personas atendidas ascendió de 509 a 541. Para tomar dimensión de lo que la pérdida de personal significa, en 2011 el promedio de atención de pacientes por médico era de 63.6 mientras que en 2014 pasó a ser de 90.
Por otro lado, el equipo de auditoría detectó “la necesidad de acondicionar, reparar o cambiar los espacios donde se desarrolla la actividad de estos Centros por sus condiciones generales de infraestructura edilicia”.
Por ejemplo, en el Centro María Gallego hay sectores donde falta el revestimiento del cielorraso, “dejando al descubierto cables eléctricos”. En el Isabel Calvo, “no había armario en el archivo de los legajos de las personas atendidas”.
En general, se observaron “pisos deteriorados, falta de artefactos de calefacción y refrigeración e instalaciones sanitarias defectuosas”, entre otras.
Los niños
La Auditoría revisó el convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende el programa, y la Asociación Civil Pro niños y Adolescentes Trabajadores (PRONATS) cuyo objetivo era “evaluar las situaciones de maltrato y abuso sexual que padecen los niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires”.
El informe detalla que “se pautó un subsidio de $894.960 que se haría en desembolsos mensuales de $74.580 los primeros dos meses y después sería de $96.954”. Estos montos representan casi el 40% del presupuesto devengado por el Programa de Asistencia a Víctimas.
Sin embargo, “no se pudo constatar la existencia de documentación que formalice las tareas de supervisión que, según el convenio, el Ministerio debía hacer”. Ante esta situación, el organismo consideró que “es evidente la ausencia de mecanismos de control fundamentales para garantizar el correcto uso de los recursos”.
