Al cierre de esta edición se cumplía el quinto día consecutivo de corte de tránsito en la Ruta Nacional 7 debido a un desborde de la Laguna Picasa.

Los problemas comenzaron el miércoles de la semana pasada, en el sur de la provincia de Santa Fe, luego de que se produjera un socavamiento profundo entre los kilómetros 385 y 386, que terminó arrastrando parte del terraplén y los guardarraíls de protección. 

La circulación quedó restringida desde ese día, mientras se llevaban a cabo obras de apuntalamiento. Sin embargo, el viernes a la tarde, el desborde de las aguas obligó al corte total para todo tipo de vehículos.

Por eso, la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe debió instalar postas sobre el camino para que los conductores se desvíen por las intersecciones a la Ruta 7, hacia las rutas provinciales 33 y la 14, ya en territorio bonaerense.

El control público

Consultado por la prensa de Santa Fe, un docente de Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Cuello, dijo que “la inundación se debe a la falta de ejecución de la totalidad de las obras que se iniciaron hace 16 años para canalizar los excedentes de agua hacia el Río Salado”.

Asimismo, el especialista añadió que “de acuerdo a un informe de la Auditoría General de la Nación de 2011, se deberían haber realizado un total de diez obras previstas en el Plan Federal de Control de Inundaciones, pero se ejecutaron sólo ocho, y muchas de ellas con un sensible retraso”.

“El conjunto de los trabajos constituyen un sistema interconectado”, amplió Cuello, y completó: “La falta de finalización de dos obras termina afectando el funcionamiento global del sistema”. 

Además de las obras, existe otro estudio de la AGN que alertaba sobre las demoras en la conformación de un ente interjurisdiccional que monitoree las trabajos que se debían llevar a cabo sobre la Laguna Picasa. Ese espacio debía tener representación de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires pero, al momento del estudio del organismo de control, no estaba constituido.