Los recursos culturales de los parques nacionales Arrayanes y Nahuel Huapí corren “inminente peligro”
Un informe de la Auditoría General de la Nación reveló que están en riesgo sitios como el Cementerio Limay, que contiene motivos rupestres grabados, y un cementerio indígena. Los privados que tienen la explotación de diferentes puntos turísticos incumplen con sus obligaciones por contrato. Ambos parques abarcan casi 712 mil hectáreas y para recorrerlos se usan vehículos viejos que tienen entre 250 y 350 mil kilómetros.
En los parques nacionales Nahuel Huapí y Arrayanes “hay recursos culturales bajo inminente peligro”. Así lo afirmó la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe en el que detalla el caso del Cementerio Limay que “cuenta con motivos rupestres grabados, un cementerio indígena con esqueletos, cerámicas y armas”, pero que su estado de conservación es “malo” y eso los pone en riesgo.
El objetivo de la auditoría fue evaluar el trabajo de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el programa de Conservación y Administración de Áreas Naturales, del 2013 hasta el tercer trimestre de 2014. Para este objetivo la dependencia “manejó un presupuesto de $228 millones el primer año y casi $300 millones para el siguiente”.
Pero se encontró con que el Cementerio Limay no era el único lugar crítico. A él se suman el sitio arqueológico El Trébol, cuyo estado de conservación es “regular”, el cerro Campanario I y II, Bahía López, Villa Los Cohiues y la vivienda construida en 1937, de la seccional Lago Frías, “que también corren riesgo inmediato”.
La APN es un ente autárquico del Estado Nacional que hasta el 2015 dependió del Ministerio de Turismo y que hoy es parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los parques nacionales Nahuel Huapí y Arrayanes tienen una superficie de 711.730 hectáreas y se extiende entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Para recorrer esta amplia superficie, el equipo de auditores detectó que “no todas las seccionales tienen un vehículo que esté apto”. Los rodados que se usan tienen “una importante antigüedad”, ya que tienen entre 250 y 350 mil kilómetros.
En cuanto al armamento con el que deben contar los guardaparques, a efectos disuasivos y de seguridad, el organismo de control detectó “armas sin la debida registración”, como pistolas calibre 9 mm y 11,5 mm; escopetas calibre 12/70, entre otros. De los antecedentes de la intendencia del Parque Nacional “no surge cómo fueron adquiridas”.
Concesiones
La AGN evaluó la concesión por la explotación de Puerto Pañuelo y del Varadero, que incluye las visitas, su recepción, el embarque y desembarque y, además, la atención de embarcaciones comerciales y particulares.
Sobre éstas, el informe señala que “el concesionario no presta ninguno de los servicios contemplados como sitio de amarras, guardabotes, venta de combustibles y recolección de residuos”, entre otros. Tampoco dispone de un equipo de intervención para incendio de barcas. De hecho, se agrega que “los nichos de control de fuego están fuera de servicio y sin mangueras”.
A esto se suma que “no se construyó ninguno de los muelles previstos en el pliego, ni la planta de tratamiento de efluentes, ni la instalación para almacenar combustibles”, solo por nombrar algunos incumplimientos.
En caso de corte de luz, “no hay otra alternativa de emergencia”, ni siquiera grupo electrógeno. La enfermería “está construida y equipada pero no tiene personal asignado”.
Las excursiones desde puerto Pañuelo a Puerto Blest, Cantaros y Lago Frías están a cargo de otro privado que tampoco cumplió con el pliego de contratación.
De la visita se originó que “falta conservación y protección del cementerio Puerto Blest, declarado patrimonio cultural, ya que el ingreso es irrestricto”. Además, “no se construyó ni un centro de visitantes, ni la vivienda de la seccional, el helipuerto ni la enfermería”.
Por último, la AGN señala que los senderos del bosque, en el Parque Nacional Arrayanes, “no están adaptados para personas con discapacidad debido a la existencia de continuos escalones”.
