En el Ministerio de Educación de la Nación no hay registros que permitan conocer cuánto dinero se destinó a las escuelas incluidas en el programa “Todos a Estudiar” de 2006. Además, la cartera tampoco tiene las rendiciones de los gastos ni la lista de los establecimientos que se dieron de baja del proyecto. Los datos surgen de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que puntualizó que en la provincia de Mendoza utilizaron fondos “con fines distintos a lo establecido”, y que se detectó dinero inmovilizado que correspondía a ese plan.
 
Por otro lado, en el programa de “Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos”, la documentación que justificó los gastos fue “insuficiente”, dijo la SIGEN y amplía: “Faltan comprobantes originales y no se acompañan presupuestos que demuestren la conveniencia de las adjudicaciones”. Los que sí figuran son unos comprobantes “extendidos a nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos sin identificar el programa” al que estaban destinados. También hubo compra de equipamiento, pero “no se acreditó su incorporación al patrimonio del Ministerio”. El organismo de control agregó que los materiales que compró la cartera a partir del programa para adultos, que fueron distribuidos en las distintas jurisdicciones, no estaban respaldados por un “documento autorizado que identifique el contenido de los bultos que se despachan”.
 
“Persisten deficiencias verificadas en ejercicios anteriores”, como “problemas de gestión y control en los programas”, continúa el informe. Del análisis sobre la Unidad Ejecutora de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Ministerio, la SIGEN determinó que “la nómina de escuelas que recibieron equipamiento no coincide con el listado de las que fueron beneficiadas”. Además, encontró fondos inmovilizados por obras que no fueron ejecutadas, o que estaban paralizadas, y “saldos pendientes de rendición sin informar”. Otro programa, el de “Integridad e igualdad educativa”, preveía realizar entre 2004 y 2006 unas obras en la provincia de San Juan, pero se registró una “significativa subejecución”. La Unidad Coordinadora de esa provincia elaboró una rendición de cuentas que presentó “deficiencias”, como la asignación de partidas de gastos operativos al pago de “bonificaciones por productividad” del personal.
 
Y en Tucumán, por su parte, la Sindicatura resaltó la “falta de control y seguimiento en la ejecución de los fondos por parte de la Dirección Nacional”, y, por el lado de la administración provincial, la “subejecución del presupuesto asignado” para el programa de “Evaluaciones de la Calidad Educativa”.