Tras analizar la ejecución de planes de vivienda en la provincia de Jujuy, la Auditoría General de la Nación (AGN) observó una serie de irregularidades que van desde la falta de información sobre cuáles son las cooperativas que construyen casas y quiénes serán los beneficiarios, hasta obras que no avanzan y fondos que no se rinden, pese a las transferencias millonarias del Estado nacional hacia varios municipios del noroeste argentino.

Operatoria

Explica la AGN que las iniciativas habitacionales en Jujuy consistían en el giro de dinero desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación al Instituto de Vivienda provincial, que luego firmaba convenios con distintos municipios. Estas comunas, a su vez, acordaban la ejecución de las obras con varias cooperativas de trabajo.

Con respecto al manejo de los fondos, los municipios debían rendir sus gastos ante el Tribunal de Cuentas jujeño, mientras que el Instituto estaba obligado a realizar exámenes mensuales para certificar técnicamente el avance de las construcciones.

Para su informe, la AGN abordó diversas iniciativas, como el Programa Federal de Integración Socio-comunitaria (ver Al cierre), los ya mencionados convenios entre el Instituto de Vivienda y los municipios, y el Programa Mejor Vivir II, del que se hizo un análisis financiero del período comprendido entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre del año pasado.

Mejor vivir II

Los auditores examinaron seis convenios mediante los que se proyectó el mejoramiento de 1000 viviendas en sendos municipios. Por ejemplo, en San Salvador, la capital provincial, la idea era trabajar sobre 500 casas por un total de 64 millones de pesos.

Mientras que en las comunas de San Pedro, Perico, Monterrico, Palpalá y El Carmen, se planearon obras en 125 viviendas y por 16 millones de pesos en cada caso.

Es decir que la muestra seleccionada por la AGN abarcaba mil obras que debían ejecutarse en seis municipios jujeños, en un plazo de seis meses y con fondos por 128 millones de pesos.

De los montos previstos, hasta el 10 de diciembre de 2015 San Salvador había recibido $ 14.673.150,70; y al resto de los pueblos, salvo Perico, llegaron unos $ 3.668.287,70, para conformar un total de algo más de 29 millones de pesos.

Los datos

Siempre con respecto al programa Mejor Vivir, dice el informe que el 14 de diciembre un flamante funcionario del Instituto de Vivienda (ver Informe Especial) le pidió a los intendentes de El Carmen, Monterrico y San Pedro la documentación relacionada con los beneficiarios de las obras. Sin embargo, “no se obtuvo documentación referida a la identificación de las organizaciones sociales que ejecutarían los trabajos, ni del responsable técnico, ni de los beneficiarios finales, ni de la localización geográfica precisa de las obras”.

Poco tiempo después, ya el 18 de enero, el Instituto de Vivienda practicó su auditoría sobre estos emprendimientos. En esa oportunidad, fue el Secretario de Obras Públicas de San Pedro quien dijo que “por haber asumido recientemente en su puesto, todavía no estaba al tanto de la situación”, en referencia a los mejoramientos de casas en el pueblo. Fue por eso que necesitó pedir colaboración a un “maestro mayor de obras que trabaja con él”. Para completar el cuadro, este último “informó que no tiene conocimiento de ese acuerdo tanto sobre las Cooperativas a cargo de las obras como los convenios, su nómina de beneficiarios y mucho menos de la documentación técnica. Asimismo manifiesta que el Acuerdo fue firmado y manejado en forma directa por el intendente municipal saliente”, narra la AGN.

Ese mismo día, el contador municipal de San Pedro aportó detalles sobre los más de 3,6 millones de pesos recibidos hasta entonces por el pueblo. Según dijo, el dinero fue girado a las cooperativas 4 de Junio, 21 de Mayo y 14 de Enero. Se trató, en cada caso, de 24 cheques (23 por 50 mil pesos y otro por $ 22.335,98).  

A partir de este dato, la Auditoría concluyó que “fueron emitidos una multiplicidad de cheques (72 en total) por importes de hasta $ 50.000, que admiten su cobro en efectivo, sin que se expliquen los motivos que fundamenten dicha práctica”.

No obstante, la acción continuó aquel 18 de enero. Según las actas analizadas por la AGN, ese día el mismo Secretario de Obras Públicas de San Pedro junto a dos funcionarios del Instituto de Vivienda jujeño fueron al asentamiento 17 de Agosto y “no observaron avances de obras en el lugar”. Es más, añadieron que “ninguno de los vecinos tiene conocimiento de ser beneficiario” de los mejoramientos previstos en los convenios en cuestión.

“Finalmente –completa la Auditoría- tampoco se encontraron rendiciones de cuentas del Instituto hacia la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, ni de los Municipios al Tribunal de Cuentas provincial según se preveía en los acuerdos y convenios firmados”.

Convenios con las cooperativas

Por otra parte, el organismo de control analizó tres obras realizadas con las cooperativas de Trabajo El Quebracho y El Obrador, y detectaron que estas entidades “no abrieron cuentas bancarias específicas” para recibir los fondos girados por el Instituto de Vivienda jujeño.

Además, se supo que los representantes técnicos de las cooperativas “no cumplen con el requisito de ser ingenieros o arquitectos matriculados”, y, por si faltaba algo, “tampoco existe constancia de que el Instituto de Vivienda efectúe auditorías técnicas y financieras para verificar el cumplimiento de los convenios firmados”. Tanto es así, que el ente provincial ni siquiera entregó a la AGN un listado de las obras financiadas donde constaran justamente los montos desembolsados, el saldo pendiente y los avances físicos y financieros de cada uno de los proyectos.

Puertas adentro del Instituto

Más allá de la labor de las cooperativas, el organismo de control nacional investigó al Instituto de Vivienda de Jujuy y descubrió que la tesorería del ente “no cumple con las condiciones de seguridad mínimas e indispensables, como rejas, cámaras de seguridad y restricción de acceso a personas ajenas al sector”.

También recomendó la AGN que el Instituto “formalice procedimientos para autorizar y registrar ingresos y egresos de fondos”. De hecho, se encontraron dos expedientes iniciados por “faltante de caja, uno de 1992 por 5 mil pesos y otro de 1998 por $ 13.700, y en ningún de los dos consta si se inició el correspondiente sumario administrativo para la determinación de responsabilidades”, dice el informe.

Para más, en los registros del ente pudo observarse “anotaciones en lápiz, cuentas corrientes sin movimientos desde hace años –por lo que recomendaría su cierre-; en otros casos, cuentas corrientes con exceso de chequeras en proporción a los movimientos, lo que conlleva un riesgo innecesario; y faltante de chequera en otra cuenta corriente abierta en el Banco Macro”. Por último, los auditores resaltaron que “las conciliaciones bancarias son realizadas por la propia Tesorería, lo que impide el control por oposición”.

Al cierre

Parte del trabajo de AGN también está dedicado al Programa Federal de Integración Socio-comunitaria y, en ese sentido, la investigación señala que “la Unidad Ejecutora Provincial de este programa no suministró el listado de las obras en ejecución con identificación de la ubicación, el Municipio, la Cooperativa responsable así como el monto total del proyecto y los avances físicos y financieros pertinentes”.

Al cierre de esta edición, se supo que el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, denunció ante la Justicia Federal al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otros cuatro ex funcionarios por considerar que tuvieron “participación necesaria en fraude a la administración pública”, por autorizar transferencias de fondos estatales “omitiendo sus deberes de control” en el marco, justamente, del Programa de Integración Socio-económica.

Informe especial

Los hallazgos de la AGN forman parte de un informe especial que fue solicitado por la nueva administración de la provincia de Jujuy, que asumiera funciones el último 10 de diciembre.

Al igual que ocurrió en Mendoza, el organismo de control elaboró un cuadro de situación de diversas dependencias del Estado jujeño, como el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Hacienda, la empresa Agua de los Andes, y la Dirección Provincial de Vialidad.