Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la empresa pública que construye casas para vendérselas al personal militar y civil de la Armada, la Prefectura y el Ministerio de Defensa, tiene condiciones de financiamiento que “alejan” a posibles compradores.

La firma en cuestión es Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), que nació hace 44 años. En 1995 la empresa dejó de recibir fondos del Tesoro Nacional y desde entonces subsiste exclusivamente con la comercialización de unidades habitacionales al contado o financiadas a bajas tasas.

Por un lado, COVIARA le vende casas a “beneficiarios específicos”, que son los que prestan servicio en la Armada, la Prefectura y Defensa, y tienen prioridad en las ofertas. Si sobran unidades, se ofrecen al “personal complementario” de otras fuerzas de seguridad y de la administración pública, con un recargo del 10%; y si aún así queda un remanente, se convoca a “terceros”, para los que rigen precios y condiciones de mercado.

La venta para el primer grupo se hace mediante contratos de reserva, con un ahorro mínimo del 15% y máximo del 75% sobre el valor estimado de la operación. Se ofrece, además, un financiamiento con una tasa de interés nominal anual del 11,5% y un plazo máximo de 240 cuotas, que no deben superar el 33% del ingreso familiar ni el 50% del sueldo del titular.

A partir de estos datos, el organismo de control concluyó que “las condiciones de financiación de la empresa alejan a los beneficiarios específicos de la adquisición de una vivienda, porque los obliga a constituir un ahorro previo mayor para poder reducir la cuota, o bien a conseguir (crédito) bancario para pagar al contado”.

La empresa, por su parte, respondió que “no es responsable de la distancia entre los valores de la construcción y los sueldos de una gran parte de sus beneficiarios”. Tras este descargo, el organismo de control señaló: “La responsabilidad de COVIARA es aportar soluciones a la distancia entre los extremos aludidos”.

Con respecto a los otros tipos de compradores, la AGN detectó que se vendió una casa a un cliente complementario, en rigor, segundo en la lista de prioridades, “antes de que se abriera la venta general”. Fue en el complejo Milenium 74 de Parque Centenario, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí también se realizó una venta a un tercero “por un valor equiparable al precio pagado por un beneficiario específico”, y no a valor de mercado. De hecho, al comprador del departamento 6° B le salió $ 82 más barato: pagó $ 382.110, cuando los ‘específicos’ debían desembolsar $ 382.192.

Estas operaciones se realizaron en el marco del Plan COVIARA 2000, que fue, según la firma, una nueva actitud empresaria para poder superar el impacto de la suspensión de los subsidios FONAVI sin vulnerar su propio estatuto. Pero ocurre que la normativa que de la marco a la actividad de COVIARA (Ley 14.135) no fue modificada tras la eliminación de los fondos del Tesoro y, así como está vigente, “no resulta suficiente para incorporar a terceros y a personal complementario en su oferta de viviendas, ni para priorizar ventas al contado”, que fueron las transacciones que más se repitieron durante la elaboración del trabajo de la AGN.

Por otra parte, COVIARA dispone de una base de datos donde figuran la cantidad de postulantes para las casas y sus necesidades, que “se encuentra desactualizada”. De hecho, el último listado compilado, según la el organismo de control, data del 24 de abril de 2005, y las solicitudes remitidas con posterioridad a esa fecha “no se han computado”. Esta información es importante porque sirve para formular presupuestos anuales donde se destinan partidas para la compra de terrenos.

Además, los auditores remarcaron que “la planificación de los emprendimientos no se encuentra adecuadamente documentada”, y añadieron que no se cotejan elementos que determinen cómo mitigar el déficit habitacional de la población beneficiaria.