En marzo de 2008 las autoridades del Jardín de Infantes Nucleado número 2 del barrio porteño de Nueva Pompeya denunciaron que recibieron lácteos no aptos para el consumo. A partir de este dato, que fue comprobado por el área de Higiene y Seguridad Alimentaria, comenzó una serie de trámites que terminó recién 14 meses después, en mayo de 2009, con la aplicación de una multa de sólo $ 146,56 a la concesionaria que entregó el producto, Lácteos Conosur S.A.

Así lo reveló un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aprobado este año sobre datos del período 2007-2008.

El organismo de control analizó la labor de la Dirección de Proyectos y Servicios a Escuelas durante la vigencia de la licitación pública 94/2007, con la que se adjudicó por dos años a las empresas Mastellone y Conosur la provisión de productos lácteos, como leche fluida, fortificada y yogures bebibles, a 1.200 establecimientos educativos públicos de la Ciudad por un total de $ 25.743.278,68.

El informe sostiene que el mecanismo de control bromatológico de los productos durante el período analizado fue “poco adecuado”. Es que el propio pliego de bases y condiciones de la licitación establecía que los chequeos internos de la seguridad alimentaria y los estudios de laboratorio quedaran solamente a cargo de los concesionarios. Así, las empresas debían tomar muestras en sus plantas de elaboración y en el 3% de los establecimientos educativos con una frecuencia mensual; en tanto que los resultados de esas observaciones serían remitidos, por un lado, a la Dirección de Proyectos y Servicios a Escuelas y, por el otro, a la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria.

Pero la AGCBA detectó que durante 2007 las concesionarias no efectuaron ningún control sobre su producción. Y, de 2008, se analizaron 44 informes presentados por Mastellone y seis de Conosur que fueron realizados en sus plantas de elaboración y que arrojaron el mismo resultado: los productos eran aptos para el consumo.

Por el lado de las oficinas destinatarias de los estudios, el área de Seguridad Alimentaria manifestó que no recibió ningún informe de las tomas de muestras de las empresas. Igualmente, el organismo de control añadió que esta dependencia tampoco intimó a las concesionarias a cumplir lo establecido en la licitación.

No obstante, Seguridad Alimentaria realizó menos controles que las empresas. La Auditoría resaltó la “escasez” de los estudios de la Dirección “en relación a la cantidad de establecimientos escolares donde se presta el servicio”, y puntualizó que entre 2007 y 2008 el área practicó sólo 17 análisis: de ese total, dos casos resultaron aptos, aunque contravenían el Código Alimentario Argentino respecto a la información de sus rótulos, y en otro, justamente en el jardín de Nueva Pompeya, se detectó que el producto no era apto.

Después de hora

La Auditoría agrega que el acto administrativo que aprobó la licitación 94/2007 es posterior a la fecha de inicio de la prestación del servicio. Es que la entrega de productos lácteos debía comenzar el primer día de clases de 2007, la primera semana de marzo, y la resolución fue publicada el 11 de mayo. Mientras tanto, los gastos fueron canalizados mediante el uso del Decreto 1370, que permite erogaciones de imprescindible necesidad por fuera del régimen de contrataciones.