La Ciudad de Buenos Aires dispone de un área que se encarga de controlar la calidad del medio ambiente: la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que nació a principios de 2008.

Según el decreto que dispuso su creación, el 49/08, se trata de “un órgano independiente, ágil y desburocratizado, que debe programar, planificar y ejecutar las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental” porteña. Sin embargo, la competencia de la APRA se limita solamente a la comprobación de infracciones mediante sus agentes. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señala que si se detecta alguna falta ambiental que merezca la aplicación de una multa, en ese momento hace su aparición otra dependencia, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que es la que cobra la sanción y se queda con el dinero.

Para la Auditoría, este panorama genera “debilidad del objetivo de la Agencia de Protección Ambiental”, por la “superposición del poder de policía” que se registra entre las dos áreas que intervienen.

“En el sistema formado, la APRA planifica y ejecuta controles, quedando desvinculada de la resolución administrativa, que es llevada por la AGC (a través de la Dirección de Fiscalización y Control –DGFICO-)”, explica el informe, que fue aprobado este año, y añade que “la situación se agrava ante la inexistencia de canales formales de comunicación e información que posibiliten la toma de conocimiento sobre lo actuado y su retroalimentación”. 
 
Los auditores también remarcaron que “la doble competencia entre organismos, y la desvinculación de la APRA en el eslabón final, genera no sólo ineficiencia e ineficacia en el propio sistema, sino que además equipara conceptualmente la ‘falta ambiental’ con cualquier otro tipo de falta, desvalorizando la cuestión (del medio ambiente), propia de las ciudades en estos tiempos”.

Con respecto al dinero de las multas, la Auditoría manifestó que, aunque la Agencia de Protección genere las inspecciones, la Agencia Gubernamental de Control termina considerando esos recursos como “propios”. Por eso, el informe concluye que sería “razonable que ambas áreas pudieran compartir un porcentaje determinado de la recaudación”.