Mendoza.- El justicialista Sergio Abraham había sido condenado por fraguar contrataciones para quedarse con el dinero. Avanzan otras causas.

El escándalo de los contratos truchos en el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aún no tiene final. Dos años y medio después de que la Justicia inhabilitara para ocupar cargos públicos de por vida al ex concejal Sergio Abraham (PJ), el Tribunal de Cuentas le ordenó pagar 71.500 pesos y también multó a otros ex ediles y funcionarios por daños patrimoniales. Pero la situación no quedaría aquí porque habría más implicados.

El fallo del órgano de control fue emitido ayer y se basa en una situación ocurrida hace más de tres años en el departamento. A fines de junio de 2007, un peluquero de Perdriel denunció que fue a pedir un plan social a Luján y no se lo dieron con el argumento de que era empleado municipal, algo que no era cierto.

Esa acusación desató una causa penal que implicó sospechas sobre todo el Concejo pero finalmente terminó condenado Abraham, que era el presidente del cuerpo y fue condenado por haber cobrado más de 40 contratos irregulares. 

Ahora, el Tribunal de Cuentas impuso una multa al justicialista por 71.494 pesos y al subsecretario del Concejo, Oscar Olguín, por 5.835 pesos y el mismo monto en forma conjunta para los por entonces concejales radicales Rubén Corvalán, Sofía Knoll y Claudio Rosello. 

Al primero, se le endilgó un listado de personas que no pudo probar que eran sus empleados y al resto de los concejales, el Tribunal les recriminó haber acreditado documentación sobre algunas personas que supuestamente eran empleadas, pero que no terminaron de demostrar esta relación de empleo.

Pero, además, el fallo cita algunas irregularidades, como la falta de sistema de control horario y de asistencia, que no existieran legajos del personal temporario, que se dieran de baja contratos de locación cuando se trataba de personal de planta, que había planillas de sueldos sin firmar y distintas formas de cobro de sueldo, como efectivo y cheque, lo que hacía más engorroso el control. 

Por estas irregularidades, también fueron multados la contadora municipal Laura Noceda y el director de Recursos Humanos, Luis Quagliarella,por 5.000 pesos y 3.000 respectivamente. Estos funcionarios no están acusados como los ediles sino que les pusieron una "multa" por no negarse a pagar los sueldos a los miembros del Concejo teniendo en cuenta estos hechos que eran conocidos por todos los funcionarios. 

Cuando se armó el revuelo por este hecho, el actual intendente, Omar Parisi, estaba a cargo de la comuna pero como interino ya que Omar De Marchi, que era el intendente, había abandonado su puesto para asumir como diputado nacional. En ese entonces, ambos demócratas lujaninos eran aliados pero ahora están enfrentados. Consultado ayer por Los Andes, Parisi celebró el fallo del Tribunal: 

"Si es un fallo del Tribunal de Cuentas, se trata de una resolución creíble. Me parece muy bien que dejen de negarse las responsabilidades; eso no tiene sentido". 

De Marchi nunca fue acusado por la Justicia ni por otro órgano de control, pero en el municipio lo apuntaban como responsable de haber puesto a Abraham en el cargo que ocupaba.

Es probable que la causa de los contratos truchos no termine con el fallo de ayer. Habría una segunda parte donde el Tribunal obligaría a otros concejales a pagar casi 20.000 pesos. Pero no sólo eso: en la Justicia comenzaron a moverse otras causas complementarias a las de Abraham que darían cuenta que el caso del edil no sería un hecho aislado.