Publicado: 22-10-2010
 
El Tribunal de Cuentas condenó a Sergio Abraham (PJ) por fraude. Engordaba su sueldo con salarios pagados por la comua a empleados temporarios que el Concejo contrataba, pero que no prestaban servicios sino sólo sus nombres para que los cobrara el peronista.

El ex presidente del Concejo Deliberante de Luján, el peronista Sergio Abraham, dio el salto a la fama pública en 2007 el día en que un escándalo de corrupción política sin precedentes reveló que engordaba sus remuneraciones mensuales con decenas de salarios pagados por el Municipio a empleados temporarios que el Concejo contrataba, pero que no prestaban servicios sino sólo sus nombres para que el ex edil cobrara y tuviera un buen pasar. 

Las pruebas en su contra fueron irrefutables y el 16 de abril de 2008 reconoció su culpabilidad ante la Justicia a cambio de negociar una condena, por lo que fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso (en libertad) más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hace poco tiempo, la Municipalidad de Luján le inició una demanda por $200.000. Sin embargo, su derrotero aun no concluyó: ayer, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en su fallo 15.578, le pasó la factura por el daño patrimonial que causaron sus tropelías en el 2006 y lo condenó a devolverle en 30 días a la Comuna la suma de $71.494. No será la última, ya que todavía falta el año 2007. 

La sanción a Abraham fue, lejos, la principal, pero no la única. El Tribunal de Cuentas condenó, además, y en el mismo fallo, a otros ex concejales, a un ex secretario y a dos funcionarios administrativos por el jubileo de los empleados "prestanombres". 

Sentenció a pagar $5.835 a Oscar Olguín, ex secretario del Concejo Deliberante, y una suma idéntica tendrán que abonar los ediles Rubén Corvalán, Sofía Knoll y Claudio Rosello, todos radicales. 
También multó a la contadora del Municipio, Laura Noceda, con la suma de $5.000 y al director de Recursos Humanos, Luis Quagliarela, sentenciado a pagar $3.000. 


Un sinfín de irregularidades 

En su investigación contable el Tribunal de Cuentas provincial concluyó que "el área de Personal no controlaba la asistencia ni el horario (de los "prestanombres"), lo que imposibilitaba acreditar la real prestación de servicios. No se realizaban controles a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones". 

También detectó que "no existían legajos del personal temporario del Concejo, se omitía consignar las funciones que debía desempeñar el personal designado", se hallaron "resoluciones con igual fecha y número pero distinto contenido, y otras duplicadas con fechas diferentes". 

Da cuenta que "el personal de planta temporaria era designado y dado de baja en reiteradas oportunidades, en distintas categorías y sin función específica; las planillas de sueldos estaban sin firmar por parte de los beneficiarios y en algunos casos los haberes se percibían en efectivo o en cheques por personas distintas al beneficiario, mediante autorización al portador". 

El fallo asegura que "este sistema permitió cobrar sueldos de personas que han declarado no haber trabajado (para el Concejo), ni percibido el ingreso.