Según la Auditoría porteña, durante el período 2008 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tenía una cartera morosa de $ 80.382.134 por créditos otorgados para la compra de inmuebles. El 92% de ese monto, unos $ 73.951.563, correspondía a créditos incobrables. Además, señaló que el ente tenía un “importante grado de morosidad”,  y que “no instrumentó un plan de cobro de cuotas que resultara operativo”.

El informe, aprobado este año sobre datos de 2008, asegura que el Instituto “no tiene un registro que identifique a los empleados del Gobierno de la Ciudad” que hayan accedido a planes de vivienda por medio del organismo. Cabe señalar que existe un programa a través del cual pueden descontarse de los haberes mensuales las cuotas adeudadas. Sólo a partir del 2009, y a través de una inscripción “voluntaria”, el IVC generó un registro de estos casos.

No obstante, en materia presupuestaria, la Auditoría observó que sólo el 22,8% de los fondos del Instituto “fue destinado al otorgamiento de créditos para la vivienda”. Para la AGCBA, “los montos aplicados a la operatoria crediticia poseen un alto costo implícito producto de la megaestructura del ente”.

El IVC no puede priorizar objetivamente el grado de emergencia del postulante

La Auditoría señala que existe la “posibilidad” de que el Instituto “otorgue préstamos de forma discrecional”, ya que no cuenta con “un procedimiento que determine de forma objetiva el grado de necesidad del grupo familiar” a beneficiar.

Incluso, el 100% de los créditos aprobados que fueron examinados por la AGCBA no contaba con la constancia de que el beneficiario realmente “no sea propietario de algún inmueble”, o haya percibido algún beneficio de este tipo. De hecho, “no había documentación que acredite la situación de necesidad, emergencia habitacional o de ingresos”, pese a que estos son los requisitos mínimos que exige la normativa del programa crediticio.

Incluso con respecto al programa Vivienda Porteña, el informe reveló que todos los créditos, otorgados y no otorgados, carecían de documentación que certifique que el titular “no es propietario de un inmueble”. Tampoco se constataron los informes del Veraz.

Finalmente, la Auditoría porteña agregó que hay “una significativa falta de cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios”; existe “un alto nivel de morosidad, que se da no sólo por la situación crítica del sector al que se beneficia, sino también por la falta de acreditación de ingresos suficientes del grupo familiar y al deficiente sistema de Administración de Créditos”, aunque el informe añade que esta situación “está siendo modificada”.