Repartieron fondos por encima de los límites previstos por ley
Los trabajos se enmarcan en una iniciativa solventada con la venta de acciones del Banco Hipotecario. La AGN detectó que cuatro de cada diez proyectos fueron avalados pese a que las jurisdicciones ya no tenían cupo para pedir dinero. De los expedientes analizados, el 15% no incluía estudios de impacto ambiental y en el 10% faltaba la firma del gobernador.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que el Estado financió obras de infraestructura en provincias superando los límites establecidos por ley.
La iniciativa en cuestión es el llamado Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), un plan creado por ley hace 20 años y que obtuvo sus recursos a partir de la venta de acciones del Banco Hipotecario.
El organismo de control aprobó su investigación a fines del año pasado tras analizar la gestión que se hizo del Fondo Fiduciario entre 2012 y 2014, período en que fue administrado por el entonces Ministerio de Planificación Federal.
Dice el informe que la ley de creación del Fondo, la 24.855 de Desarrollo Regional y Generación de Empleo, establecía cupos para que cada provincia pudiera solicitar la ayuda financiera. Sin embargo, de una muestra de 20 proyectos, se observó que “el 40% no contaba con cupo e igualmente se los autorizaba” a recibir dinero “sin que se incluya una fundamentación a tal sentido”.
Cuando la AGN hizo su informe existían 63 proyectos en ejecución con recursos del Fondo Fiduciario; 295 habían sido desestimados por las provincias; 13 tenían un pre acuerdo y trámites pendientes; siete estaban en evaluación y 432 se encontraban terminados
Aquella muestra de 20 expedientes, representa casi un tercio de los préstamos vigentes al momento del trabajo de la Auditoría, lo que en números equivale a más de $ 2.662 millones.
Por otra parte, la investigación remarca que según la ley 24.855, “todas las jurisdicciones que deseen recibir financiamiento deberán efectuar la solicitud a través de una nota rubricada por el Gobernador o Representante Legal dirigida al presidente del Fondo”. Pero “en el 10% de los expedientes analizados no fue posible encontrar dicha nota”, notó la AGN.
Asimismo, “en el 15% de los casos no se cumplimentó con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y/o Factibilidad, emitido por el área específica de cada jurisdicción; y la evaluación económica, que deben realizar los órganos competentes (de las provincias), no fue encontrada en el 10% de los expedientes analizados”, observaron los técnicos.
Entre otras falencias enumeradas por la Auditoría se destacó que “en un 70% de los casos no constaba el informe final por obra terminada; en un 90% tampoco (figuraba) el recibo final del contratista por la cancelación del servicio prestado; y en la totalidad de los expedientes faltaba la constancia de inauguración de la obra, y si se encontraba operativa”.
No obstante, hubo un hallazgo de la AGN que merece un párrafo aparte. Siempre según la ley, cada pedido de financiación debía ir acompañado de una declaración jurada, firmada por autoridad competente, que indique “la posesión de la tierra donde se emplace el proyecto”. Pues tras su análisis, los investigadores concluyeron que “en el 25% de los casos analizados (uno de cada cuatro) donde correspondía incluirse esta documentación, no se encontró”.
Por qué a algunos tanto y a otros tan poco
La Auditoría afirmó que los pedidos de las provincias para recibir recursos del Fondo Fiduciario sumaban a unos $ 3.265 millones y que, hasta el 31 de diciembre de 2013, se había desembolsado un 75,6% de ese monto.
Además, se descubrió que hubo dos jurisdicciones que no tomaron préstamos de esta iniciativa; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de San Luis; y que las tres regiones que más fondos obtuvieron fueron Entre Ríos, Chubut y la provincia de Buenos Aires.
Sobre la distribución del dinero, el organismo de control apuntó que hubo provincias que recibieron préstamos que superaron los montos estipulados por reglamento, y añade: “Ante esta situación, el Fondo manifestó que efectivamente ha prestado por encima del cupo teórico, en tanto no esté agotada la capacidad de endeudamiento del solicitante”. No obstante, los investigadores advirtieron que “no se obtuvo evidencia de que exista algún procedimiento o metodología que haga operativa tal conclusión”; es decir, que no hubo explicaciones que fundamenten cómo se repartían los recursos.
La Administración
Cuenta la Auditoría que las decisiones sobre el Fondo Fiduciario emanaban de un Consejo de Administración que, según la ley de 1997, debía estar integrado por siete miembros, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y cuyos mandatos durarían dos años.
El tema fue que, al momento del informe, ese Consejo estaba compuesto por cuatro miembros, tres de los cuales habían sido nombrados en 2002 y el restante en 2008.
