Hace casi dos meses pudo saberse que un municipio salteño no le permitió a la Auditoría provincial (AGPS) acceder a datos de su presupuesto, sus deudas, el estado de la tesorería y el inventario de inmuebles, entre otros detalles.

Es que el organismo de control aprobó en febrero un informe sobre la gestión de Salvador Mazza, en el que, pese a la reticencia de la comuna, figuran el descubrimiento de varios cheques rechazados y hasta un alerta sobre la “posible comisión de delitos”.

El tema es que esos hallazgos podrían ser más impactantes si no fuera porque datan de 2014.

No obstante, los datos del informe cobran relevancia si se tiene en cuenta que no es la primera vez que la comuna de Salvador Mazza es objetada por la Auditoría provincial.

Limitaciones y hallazgos

En la investigación se enumera el “conjunto de documentación e información que el municipio no puso a disposición de los auditores, (lo que) imposibilitó la aplicación de procedimientos”, señaló el texto. 

Además de los datos ya mencionados, en esa lista se destacan el inventario valorizado de bienes muebles, el estado de deuda de 2014 y hasta las copias de los títulos de propiedad de los vehículos oficiales. 

Sin embargo, el informe contiene revelaciones, como que en 2014 se registraron “65 cheques rechazados por falta de fondos y/o fallas técnicas por un valor de $ 1.860.766,81”. 

El informe habla dos desviaciones de fondos por deudas con AFIP y Rentas provincial. 

Más allá de la relevancia del monto, los auditores remarcaron que por la “reiteración de la conducta desplegada, se podría configurar la presunta comisión del delito previsto en el Art. 302 inc. 2 del Código Penal”, en referencia a los castigos que se imponen a “quien dé en pago o entregue a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado”.

Sobre la “reiteración de la conducta”, vale aclarar que la misma observación de los cheques aparece en otro informe de la AGPS, hecho sobre datos de 2011.

Volviendo a 2014, el organismo de control añadió dos casos de “desviación de fondos que son ajenos al erario municipal”. Por un lado, se trató de una deuda de la comuna con Rentas de la provincia, por $ 356.777,52 de la retención del Impuesto a las Actividades Comerciales, sobre la cual “no se informó” ni el depósito del dinero, ni un plan de pago para cumplir con esa obligación.

Y, por el otro, la misma situación se evidenció con respecto a una “deuda con la AFIP por retención y no depósito del Impuesto a las Ganancias, por $ 75.131,63”, completó la investigación.

Para conocer detalles de las propiedades de la Municipalidad, la Auditoría debió consultar la web oficial de la comuna, donde figuran unos 280 inmuebles y, tras seleccionar una muestra al azar, se detectaron siete embargos por sumas que van desde los 36 mil hasta 1.350.000 pesos.

“Esta situación denota una transgresión a las disposiciones contenidas por el Art. 24 de la ley 1349 Orgánica de Municipalidades, tanto por parte del Intendente que generó la deuda, como de quienes se desempeñaron en tal función con posterioridad, pues no adoptaron las medidas conducentes para evitar la subsistencia de dichos gravámenes”, sentenció el ente de control.