Es posible que mucha gente no lo sepa, pero existe un decreto que establece cómo determinar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios frente a algún daño a las arcas públicas, y cuál es el camino a seguir para intentar recuperar esos fondos. 

La norma es la 1154/97 y está vigente hace más de dos décadas. En pocas palabras, ordena que todos los entes del Estado central informen mensualmente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sobre los perjuicios fiscales que detecten y los trámites que realicen para lograr resarcimientos. 

El decreto también establece que esas “gestiones de cobro se inicien en sede administrativa”, es decir, dentro de los propios entes perjudicados, y que, en caso de “fracasar”, se procederá a “promover la acción judicial”.      

A su vez, el organismo de control debe informar al Poder Ejecutivo sobre estas cuestiones cada tres meses.

Uno de los informes trimestrales

En enero del año pasado, la SIGEN aprobó un informe sobre cómo se cumplió el decreto 1154/97 durante el ejercicio 2016

Según la investigación, solo ese año hubo “perjuicio fiscal firme con responsabilidad de funcionarios públicos” por $ 123.152.105,40.

De ese total, a diciembre de 2016 se habían recuperado $ 2.087.144,86, lo que representa el 1,69% del total

El ente más perjudicado fue Fabricaciones Militares, con perjuicios por $ 33 millones.

Por otra parte, casi la mitad de aquellos $ 123 millones estaba en instancia judicial, es decir que no se había podido recuperar el dinero puertas adentro de las oficinas damnificadas. Los daños que se encontraban en este estadio sumaban casi 59 millones de pesos. 

Además, había otros $ 47 millones que sí se estaban tramitando en sede administrativa, y $ 16 millones que no tenían instancia determinada. 

Los más perjudicados y los más morosos

La Sindicatura también elaboró un ranking con los organismos que más daños patrimoniales sufrieron -siempre en 2016- y los montos recuperados.

En ese sentido se destaca Fabricaciones Militares, donde se detectaron perjuicios por 33 millones de pesos, de los que no fue posible recuperar ni un centavo

 

El podio se completa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que mostró daños patrimoniales por $ 25 millones y un recupero de $ 331 mil; y el Banco Nación, con perjuicios por $ 11 millones y resarcimientos por casi $ 1 millón.

De este cuadro surge un dato que es, por lo menos, curioso: de las diez entidades mencionadas, por lo menos cuatro están relacionadas a fuerzas de seguridad, más una quinta que se podría agregar indirectamente, como es el caso de COVIARA, la Construcción de Viviendas para la Armada.

Para completar, el organismo de control identificó 80 áreas que, pese a estar obligadas, no entregaron información sobre los daños patrimoniales correspondientes al último trimestre de 2016.

Lo más curioso es que, dentro de la nómina, se destaca el ente que hizo este informe, es decir, la propia SIGEN. Le siguen en la lista unas 20 universidades nacionales, la Unidad de Información Financiera, el Tribunal Fiscal de la Nación, la ANSES, AySA, la AFI y la Policía Federal.