Según la Auditoría General de la Nación (AGN), durante 2008 el ex Instituto Geográfico Militar, encargado de obtener, mantener y difundir datos geoespaciales de todo el territorio continental, “realizó una significativa cantidad de contrataciones directas”, aunque “pudieron eludirse en algunos casos (mediante) procedimientos de licitaciones privadas o públicas”.

En aquel ejercicio, el actual Instituto Geográfico Nacional hizo “el 70% de las compras de bienes y servicios por medio de contrataciones directas”. Esta situación cambió en 2009 cuando en vez de la preponderancia de las contrataciones directas, “predominó la licitación privada”, incluso, “de 70 contrataciones, el 80% fueron de este tipo, el 12,86% contrataciones directas y -solo- el 7,14% licitaciones públicas”.

De hecho, se detectó que “los legajos relacionados con procesos de contrataciones”, no tuvieron la intervención de la mesa de entradas “o sector equivalente que le dé la carátula de identificación correspondiente” y los organice como expedientes. “Tampoco intervino el Sector Legal del organismo, ni se adjunta documentación respaldatoria suficiente”, dice la Auditoría.

El informe, aprobado este año sobre datos de 2008 a marzo de 2009, agrega que “se adjudicaron ofertas a proveedores que presentaron certificado fiscal para contratar vencido”, y que “no había evidencias que den cuenta del proceso de difusión y publicación de los procedimientos de contratación, según lo exigen las normativas vigentes”.

Por otra parte, la AGN dijo que los documentos expuestos sobre los niveles de ejecución física “no permiten realizar evaluaciones sobre la gestión del organismo”, dado que no se relacionan con la ejecución presupuestaria financiera respectiva. Según explicó el organismo de control, “tampoco se desarrollaron indicadores de gestión, que permitan el seguimiento de los niveles de ejecución respectivos y la identificación de desvíos entre lo real y lo programado”.

Cabe señalar que al momento de realizarse la auditoria, el organismo se encontraba en proceso de reorganización administrativa: “Esta medida incluía cambios de los responsables de los sectores, desagregación o creación de otras dependencias aún sin aprobación formal”, explica la Auditoría.

Los 3 millones de DNI

La AGN verificó convenios y acuerdos de cooperación entre el Instituto Geográfico y 57 organismos públicos, entre ellos el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para la confección de los DNI. “En el 2009 se formalizaron 5 contrataciones directas por un total de $ 15.870.000 por 3.000.000 DNI”. El informe dice que la “recopilación de la documentación fue dificultosa” ya que “no se generaron expedientes de cada una de las etapas” para la verificación de los nivel de ejecución de esos Convenios.