El Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires fue declarado el “más incumplidor” en materia de rendición de cuentas. Es que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el ente recibió más de $ 17 millones para intentar recomponer la situación habitacional de los vecinos del Riachuelo, pero no justificó ni un solo peso.

La investigación del organismo de control reveló que el Instituto obtuvo el primer desembolso en 2010 y, desde entonces, reunió más de $ 18 millones, de los cuales tendría que haber rendido $ 17.379.603 a fines de 2016.

¿Qué debía hacerse con ese dinero? Entre sus objetivos, el ente habitacional tenía que terminar 152 viviendas entre febrero y agosto de 2011. Pero hasta el informe de la AGN las obras nunca habían concluido, acumulaban 58 meses de atraso y 51 sin presentar certificados de obra.

 

 

Paralelamente, la AGN añade a la historia un cambio de normativa ocurrido en 2016. En ese momento se estableció que los entes que recibieran fondos quedaban obligados a rendir la totalidad del dinero para poder acceder a otras transferencias. 

Sin embargo, el Instituto de Vivienda bonaerense “de todas formas” percibió más dinero aun sin haber cumplido este requisito.

Volviendo a aquel cambio de normativa, y tras entrevistar a varios funcionarios, el organismo de control concluyó “el cumplimiento estricto -de esa resolución- era en realidad impráctico, por los tiempos que insume generar un pago en la administración”. 

Sobre eso, los auditores recordaron que, cuando las iniciativas habitacionales estaban a cargo del exministerio de Planificación Federal, los envíos de dinero dependían de la presentación de los certificados de obra. Por eso, con la vigencia de la nueva resolución y la opinión de los funcionarios involucrados, la AGN observó que “se estaba revisando la normativa (para que) el desembolso de fondos opere con la rendición de la penúltima transferencia y así evitar demoras en la ejecución”.

Una buena

Pero no todas son irregularidades para la Auditoría. De hecho, los técnicos destacaron que, al momento de la investigación, “el grado de cumplimiento de las rendiciones de cuenta es el mayor de los verificados en los últimos informes”. Es que, para 2016, se lograron justificar el 86% de los desembolsos, mientras que en un relevamiento anterior, esa eficacia no pasó del 5%. 

 

Los distintos programas de vivienda y sus niveles de ejecución.

 

Los programas

El objetivo de la AGN fue analizar tres planes de vivienda llevados adelante en el marco de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y que fueron ejecutados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, una dependencia que pasó del ya extinto Ministerio de Planificación a Interior. 

Esos planes fueron el Techo Digno, el de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, y el de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat

Los técnicos descubrieron que, de estas tres iniciativas, dos no contaron con presupuesto asignado y solo el Techo Digno recibió fondos durante el período analizado (2016). Fueron casi $70 millones, de los cuales se alcanzaron a devengar poco más de $29 millones, es decir que se subejecutó el 58% de los recursos. 

Con respecto al dinero ejecutado por Techo Digno, la Auditoría notó una diferencia entre lo que decían los encargados del programa y lo que quedó registrado en el llamado SIDIF, que es el Sistema Integrado de Información Financiera. 

En rigor, pese a que en el SIDIF se señalaba la ya mencionada ejecución de $29 millones, desde el propio Plan Integral de Saneamiento (PISA) se habló de $ 26.016.317, es decir, $ 3 millones menos.