Elecciones 2017: la Auditoría porteña observó gastos de todos los partidos
El organismo de control analizó los desembolsos de las agrupaciones y encontró diferencias entre los montos declarados y lo que figuraban en los comprobantes. Además, hubo pagos por fuera de las cuentas bancarias específicas, erogaciones sin justificar y aportes de origen desconocido.
Tras analizar el manejo de fondos durante las elecciones legislativas del año pasado, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) observó los gastos de todas las agrupaciones políticas.
En su investigación, el organismo de control detectó discrepancias entre los desembolsos declarados por los partidos y los números que figuraban en los comprobantes. Además, hubo pagos por fuera de las cuentas bancarias específicas, erogaciones sin justificar y hasta aportes de origen desconocido.
De la campaña a las urnas
En los comicios celebrados el 22 de octubre de 2017, seis agrupaciones porteñas se disputaron 30 bancas de la Legislatura local, más 13 escaños que le corresponden a la Capital Federal en el Congreso Nacional.
Las alianzas participantes fueron: Autodeterminación y Libertad, Unidad Porteña, Vamos Juntos, Evolución, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Avancemos Hacia 1 País Mejor.
Como falencia general, la AGCBA mencionó un “incumplimiento del artículo 4 de la Ley 268, por parte del 100% de las fuerzas políticas intervinientes, toda vez que la propaganda gráfica en ningún caso constaba del correspondiente pie de imprenta”.
Asimismo, tres alianzas incumplieron el artículo 17 de la misma norma “ya que no todas las transacciones vinculadas a la campaña se realizaron a través de la cuenta especial habilitada a tal efecto”, dijo el informe, en referencia a Autodeterminación y Libertad, Avancemos Hacia1 País Mejor y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Por el lado de los hallazgos particulares, los técnicos descubrieron que, de diez comprobantes presentados por Autodeterminación y Libertad, cinco tenían alguna falencia. Se trató de cuatro cuestiones formales, y la quinta estuvo relacionada a “gastos bancarios volcados en el Informe que son menores a los que surgen del extracto. A nivel de importes -continúa la AGCBA-, sobre un total de $662.738,21 por desembolsos, surge que $477.477,67 (72,05%) presentan alguna observación”.
En Unidad Porteña, el organismo de control cuestionó 25 de los 26 comprobantes usados para respaldar erogaciones.
Por su parte, las alianzas Vamos Juntos y Evolución “declararon gastos de campaña correspondientes a publicidad gráfica de candidatos del orden nacional” (ver Limitaciones).
La Auditoría también reveló que el FIT “incumplió los artículos 7 y 17 de la Ley 268, ya que existen aportes no declarados, dado que los gastos superan a los ingresos”. Este espacio tampoco aportó facturas de dos desembolsos; uno en favor de la firma Urban Grafic por $ 32.900, y otro que fue para Facebook y Google por $139.451,08.
Para completar, el Informe agrega que la alianza Avancemos Hacia 1 País Mejor canceló un pago de $10 mil en concepto de medios de comunicación social por fuera de su cuenta corriente especial y no justificó la operación con ningún recibo. Otro desembolso que no fue acompañado de comprobantes correspondió a gastos fiscales, por $170.330.
Este partido cometió otro incumplimiento a la Ley 268. Se trató de lo establecido en el artículo 16, “ya que se detectaron aportes por $338 mil sin poder determinar su origen”.
Limitaciones
Por ley, todos los espacios políticos están obligados a presentar detalles de sus ingresos y egresos de fondos a la Auditoría porteña que, por su parte, deberá difundir su análisis dentro de los 90 días de finalizada la campaña.
Durante la elaboración de su trabajo, el organismo de control se encontró con varias limitaciones. Por ejemplo, la simultaneidad de las campañas para candidatos locales y nacionales. Sobre esto, el informe apunta que la elección de los aspirantes al Congreso “contó con fondos públicos y aportes privados específicos, y con gastos cuya rendición y justificación correspondía efectuar en otra jurisdicción y era por tanto ajena a la intervención de esta Auditoría. (Esto) generó la dificultad en establecer una línea divisoria precisa”.
Además, la AGCBA se quejó de la “imposibilidad de acceder al Padrón Electoral durante las tareas de análisis, atento a que las mismas se efectuaron a posteriori del período de campaña y (ese listado) ya no podía consultarse en forma on line”.
