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Río Gallegos.- La situación de desprolijidad y caos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio que depende del Ministerio de Planificación Federal fue reconocida hasta por el nuevo interventor dispuesto por el oficialismo. Hace menos de un mes, cuando asumió en su cargo por orden del kirchnerismo, el diputado Atanasio Pérez Osuna expresó que la empresa se encontraba "en una desorganización total". 

Ante el complicado panorama que observó Pérez Osuna al asumir la intervención del yacimiento patagónico, explicó que se alargarían los plazos previstos para entrar en producción. "Nosotros tenemos como objetivo ordenar la empresa, avanzar todo lo que se pueda en la reparación de la galería secundaria y terminar todos los frentes, para llegar, con dos frentes en marcha en 2011", afirmó quien fuera intendente de Río Turbio durante dos gestiones. 

Según el ambicioso Programa Integral de Modernización del Ministerio de Planificación, se contempla para este yacimiento una inversión del orden de los 4100 millones de pesos para el período 2004-2011, que incluye la modernización tecnológica de la actividad extractiva y la central termoeléctrica a carbón de 240 MW que cuenta con un presupuesto oficial de 1506 millones de pesos. 

Sin embargo, en sus últimas declaraciones el ministro Julio De Vido aseguró que la inversión llegaría a 4900 millones de pesos, y varias fuentes de Río Turbio aseguran que la cifra de inversiones sería aún mayor. Las obras están encaminadas y, según fuentes oficiales, la usina a carbón, -la vedette de la inversión- ya tiene un 60% en avance de obra. 

Sin embargo, en Río Turbio hay dudas de que en 2011 se logre contar con la suficiente cantidad de frentes en explotación para alimentar la usina. Con un año de atraso, el jueves próximo se abrirán aquí las licitaciones para tres frentes de explotación. 

El proyecto prevé que la energía a carbón que genere la megausina se sume a la red del sistema interconectado nacional que fue licitado desde Pico Truncado hasta el sur de Santa Cruz. Desde que en 1943 se inició la extracción manual de carbón en la Mina Uno, también empezaba la vida de Río Turbio, 28 Noviembre y Julia Dufour, las localidades que componen la cuenca carbonífera. La buena o mala fortuna que corrió la empresa -tanto estatal como privatizada- marcó la vida de las 14.000 personas que hoy viven allí. 

Su peor año fue 2004. Existía un estado de gran precariedad en el yacimiento, resultado de años de desinversión estatal y privada, que fuera denunciado por la dirigencia gremial de ATE y también marcado en los informes de la Auditoría General de la Nación. La tragedia estaba en ciernes y 14 mineros murieron atrapados en un incendio ocurrido a 1000 metros de la boca de mina. Apenas diez días antes de la tragedia, se habían anunciado inversiones.
 
Después de la tragedia y con la asunción del hoy gobernador Daniel Peralta al frente de la intervención, el ministerio de De Vido empezaría a planificar el impulso del yacimiento, que en 2004 empleaba a mil personas y hoy llegan a 1850, pagando sólo en sueldos $ 30 millones mensuales. 

"En esta etapa, la falta de planificación y la incoherencia fueron una constante. Las inversiones fueron al revés, primero se mostró comprar cosas que no se necesitaban en ese momento, buscando antes que nada el impacto mediático", dijo a LA NACION Raúl Wanzo, gremialista de ATE. "La desorganización en la empresa ya la denunciamos, ahora el nuevo interventor nos dio la razón", afirmó. 

Desde el mismo espacio gremial, Luis González denunció en la justicia federal sobreprecios en el reacondicionamiento del ramal ferro-portuario de 288 km que se extiende entre Río Turbio y el puerto de Punta Loyola que estuvo a cargo de la UTE Roggio y Esuco. 

Para que la usina genere 240 MW de energía necesita de 1200 toneladas de carbón. Para ello es indispensable coordinar la puesta en marcha de la producción de los frentes en el interior del yacimiento, que según los tiempos políticos debería ser antes próximas elecciones. 

En tanto, la usina recibió las críticas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Asamblea Ambiental de Río Gallegos, que cuestiona la falta de respuestas a los 50 puntos objetados en el Estudio de Impacto Ambiental.